El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, afirmó ayer que "está demostrado que con el diálogo todo es posible, pero las cosas se complican cuando, sin tan siquiera solicitar que se establezca ese diálogo, se están planteando ya recursos en la jurisdicción contencioso-administrativa; si bien las administraciones están legitimadas para recurrir a ellas".

Marrero valoró así, tras la celebración del Consejo de Gobierno, la decisión del Cabildo de Gran Canaria, que ayer presentó un recurso contencioso contra el Gobierno canario por el reparto del Régimen Económico y Fiscal (REF), sumándose de esta manera al cabildo y los municipios herreños. La Federación Canaria de Municipios (Fecam) también acordó que presentará otro recurso.

El portavoz oficial insistió en que la Administración regional mantiene la "voluntad de diálogo" pese a su desacuerdo con las corporaciones locales en materia de financiación y recordó que el Gobierno canario cuenta con un informe de sus servicios jurídicos y un dictamen del Consejo Consultivo que avalan su postura en este asunto. "Actuar en contra de ese informe podría situar al Gobierno, desde un punto de vista legal, en una situación delicada".

"En el plano jurídico, no parece razonable que el Ejecutivo desoiga su propio informe y el dictamen, pero en el plano político la disposición al dialogo es absoluta y si los cabildos piden una nueva reunión con la Administración regional, se atenderá la petición de inmediato", aseveró.

Ante el hecho de que el Gobierno insista en la vía del diálogo al tiempo que anuncia que se aferrará al informe y al dictamen que le dan la razón, Marrero expresó que "hablamos sólo de una parte de la financiación que el Gobierno de Canarias hace mediante transferencias a las corporaciones locales".

Polémica

Se trata, indicó, de la aplicación de "la disposición polémica", en alusión a la Ley de Financiación de las Haciendas Locales que garantiza, a través de una disposición transitoria, que los ingresos de las corporaciones locales serán, como mínimo, equivalentes a los que percibieron en 2002.

Por lo tanto, continuó, "el marco de diálogo en cuanto a la financiación de las administraciones canarias es bastante más amplio que una simple disposición transitoria, y ahí es donde está el espacio de diálogo, aparte de que como principio general y hay múltiples ejemplos a lo largo de esta legislatura, "está demostrado que con el diálogo todo es posible".

En cuanto al Consejo de Gobierno, sirvió para aprobar los planes de Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico y por Riesgo Sísmico tras su homologación por la Comisión Nacional de Protección Civil y previo informe favorable de la Comisión Autonómica. Ambos se integrarán, explicó Marrero, en el Plan Director de la Comunidad, que establece los mecanismos de coordinación con los de ámbito estatal.

Además, el Ejecutivo tomó en consideración y solicitó dictamen al Consejo Consultivo del proyecto de la Ley de la Presidencia y del Gobierno de Canarias.

La norma aborda el desarrollo estatutario de la figura del presidente regional y del propio Gobierno, además de regular las relaciones del Ejecutivo con el Parlamento y el régimen y procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas.

Por otra parte, ayer se conoció que Canarias solicitó participar en las reuniones que, hasta el momento, celebran once comunidades autónomas de forma regular en las que discuten sus reformas estatutarias.

Sobre las expectativas que tienen las Islas con estos encuentros, Marrero expresó que la reforma estatutaria en Canarias "continúa siendo un objetivo del Gobierno, pero no prioritario, por las circunstancias en las que estamos".

"El participar o no en esos foros no es sinónimo de interés o de desinterés, sino que hay un nuevo escenario y se puede considerar oportuno participar", explicó el portavoz oficial.