Canarias es de las comunidades que se autolimitó el número de miembros del Gobierno. Está regulado en el artículo 16.3 del Estatuto de Autonomía, que determina que el número de miembros del Ejecutivo "no excederá de once", justo uno más de los que forman el actual gobierno que preside Paulino Rivero.

En este sentido, el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de La Laguna (ULL), José Adrián García Rojas, es partidario de eliminar esta limitación de consejerías, una posibilidad que, según recuerda, no se quiso abordar en la reforma del Estatuto de Autonomía por la "mala venta" que tenía políticamente.

García Rojas estima que la reducción de consejerías propuesta, entre otros, por Tomás Padrón y José Luis Perestelo (Coalición Canaria), José Manuel Soria (PP) y algunos miembros del PSC es sólo una medida de "efecto psicológico" porque, según explica, el efecto sobre gasto "tampoco sería elevado". "Sería como el chocolate del loro", enfatiza el experto universitario, quien precisa que "la medida tendría el mismo efecto que si en Madrid se redujeran ministerios".

"Como medida higiénica tendría efecto en la opinión pública dos semanas, pero luego se olvida", asegura García Rojas, quien remarca que la potestad para reducir o no el número de consejerías la tiene el propio Ejecutivo regional, dentro de las competencias que le otorga el Estatuto.

El profesor aboga por hacer una reflexión "global", puesto que considera que dentro de la crisis "todo el mundo debe apretarse el cinturón", empezando por el Gobierno estatal y terminando por las corporaciones locales, esto es, cabildos y ayuntamientos.

Precisamente, el docente universitario hace hincapié en los consistorios, donde, por lo general, todos los concejales que apoyan al grupo de gobierno están liberados, es decir, cobran un sueldo. "¿Tienen sentido todas estas concejalías?", se pregunta, al tiempo que propone como medida para hacer frente a la crisis una reducción de las dietas por asistencia a plenos y comisiones.

Estudio del contenido

En cualquier caso, y pese a su opinión contraria a poner límites al número de consejeros, García Rojas cree que habría que estudiar el "contenido" de muchas consejerías de las administraciones canarias. "Si una vez realizado ese estudio se demuestra que hay áreas que no tienen contenido, lo racional es reducirlas", aclara el profesor de la ULL, quien, no obstante, vuelve a insistir en que "políticamente no se debería limitar el número de consejerías como hace el Estatuto canario".

"Esto podía tener sentido al principio, pero ahora que ha ido evolucionado el sistema entiendo que no tiene justificación", subraya García Rojas, quien, de cualquier forma, también reconoce que con la descentralización de competencias que se ha ido produciendo en las Islas hacia los cabildos, podría entenderse una reducción de consejerías del Gobierno como la que exigen algunos representantes públicos.

En este punto, recuerda que es la propia composición del Ejecutivo -casi siempre en coalición de dos partidos o uno con apoyo de otro-, y la dispersión territorial la que motiva un mayor número de áreas.

"Una norma que no está escrita sobre un reparto político por islas explicaría un mayor número de consejeros y viceconsejeros", concluye.