El Gobierno central suprimió el viernes pasado 29 empresas públicas y 32 altos cargos en el marco del plan de austeridad que busca rebajar el gasto de la Administración del Estado en 40.000 millones de euros entre este año y 2013. Por lo pronto, la reestructuración del Ejecutivo que dirige José Luis Rodríguez Zapatero, y que también supone la eliminación de 80 cargos directivos y de 450 puestos de consejeros en empresas y entidades públicas, sólo servirá para ahorrar apenas 16 millones.

Por su parte, la Administración regional también baraja recortar su tamaño para hacer frente al ajuste presupuestario que exige el Estado y que tendrá que estar aprobado para antes del próximo mes.

En este sentido, la propuesta de rebajar el número de consejerías del Gobierno de Canarias que el vicepresidente regional, José Manuel Soria, lanzó el mes pasado, dividió al propio Ejecutivo bajo una oleada de descalificaciones internas sin que nadie abordara con seriedad el asunto. Se impusieron las declaraciones a los argumentos y el asunto quedó ahí, a la espera de un mejor momento para abordarlo.

Una de las primeras voces críticas fue la del portavoz de su socio de gobierno -Coalición Canaria (CC)-, José Miguel Barragán, que entonces calificó la medida de "efectista más que efectiva", con el argumento de que la supresión de un departamento cualquiera sólo supondría la eliminación del propio consejero del área y de un par de altos cargos más, porque el resto de la estructura del área, incluidos todos los funcionarios, se traspasarían a otra consejería, por lo que no supondría un ahorro relevante.

Valoraciones políticas.- Pese a todo, otro compañero de partido de Barragán, el presidente del Cabildo de El Hierro, Tomás Padrón, no ha titubeado a la hora de proponer una reducción drástica del número de departamentos gubernamentales.

La última vez que alzó la voz, el pasado día 21 en una Comisión General de Cabildos del Parlamento de Canarias, Padrón propuso que ante la actual situación económica, y a pesar de que no suponga la solución "total" al problema, se "adelgace" el Gobierno de Canarias y se quede con cuatro consejerías y también abogó por revisar la ley de las sedes de los órganos de la Administración Pública Canaria.

También el diputado nacional por CC, José Luis Perestelo, expresó a este periódico el mes pasado que "algunas competencias regionales tendrían que estar en manos de los cabildos y no debería existir alguna consejería o dirección general que hay por ahí: esto es verdad".

En sintonía con Padrón y Perestelo, aunque sin coincidir en las cifras del recorte, se han mostrado también varios dirigentes socialistas, entre ellos Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, o Julio Cruz, secretario de Organización del PSC. Ambos solicitan un adelgazamiento de la estructura del Gobierno canario, y han considerado que con ocho consejerías sería suficiente.

Empresarios.- El director de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Vicente Dorta, califica como "importante" la pronta disminución del peso del gasto en la Administración para que los recursos públicos vayan a inversiones productivas.

Y es que el capital privado "no tiene la capacidad de tirar de la economía ahora, por lo que es bueno que lo haga el capital público", pero si buena parte del presupuesto de la Comunidad se va en gasto de personal eso es imposible: la Administración tiene que adelgazar".

Ahora bien, la manera en que el Ejecutivo lo lleve a cabo le resulta "indiferente" a Dorta, quien insiste en que lo "importante" es que actúe. "No sé si conviene eliminar consejerías, lo fundamental es que se aborden otras reformas en profundidad de la Administración que incluyan al Estado, la Comunidad, los cabildos y los ayuntamientos".

Dorta hace esta puntualización porque estima que "si la supresión de una consejería sólo servirá en la práctica para eliminar un par de altos cargos, entonces no tiene sentido".

Por el contrario, lo que hay que hacer es impulsar la adaptación de la Administración en su conjunto al siglo XXI para hacerla "más ágil, más simple y menos costosa".

En este sentido, Dorta se pregunta por la "utilidad" de que todos los municipios canarios cuenten, por ejemplo, con un concejal de Cultura, haya otros siete para esta misma área en el ámbito insular, y luego la Administración regional cuente con un departamento para la misma materia.

"Esto es un gasto excesivo, hay que racionalizar la Administración", lamenta. "Hay que ver cuál de todos los niveles es el más adecuado para servir a los ciudadanos "pero no desde el punto de vista de los funcionarios, sino de los administrados".

CCOO Canarias.- Por el contrario, el coordinador del Área Pública y Enseñanza de CCOO Canarias, José Ramón Barroso, que también es representante sindical en la Mesa General de Empleados Públicos, cree "inviable" la supresión de las consejerías e insiste en la importancia de proteger al personal público.

Barroso advierte de que, "si bien es cierto que atravesamos una crisis, la reducción del número de los funcionarios es una medida drástica que convendría sopesar con calma", al tiempo que recuerda que las administraciones han generado una bolsa de empleados públicos que conforman una plantilla "indefinida".

"Cuando se plantean este tipo de cosas, las medidas que se adoptan buscan frenar la incorporación de nuevo personal o el recorte de los derechos de los trabajadores que ya forman parte de la Administración", lamenta.

En todo caso, algunas de esas consejerías -en alusión particular a Sanidad y Educación- "prestan un servicio esencial por lo que no se pueden suprimir".

Cosa distinta es, aclara Barroso, el gasto que supone las sedes de las consejerías, todas duplicadas para ambas provincias y muchas de ellas en edificios ajenos a la Comunidad por la que se pagan alquileres "desorbitados".

Por este motivo, CCOO aboga por que el Gobierno "racionalice" el uso del espacio y priorice las oficinas propias frente a otras opciones. "Eso sí ayudaría", remarca.

Al hablar de recortar los gastos públicos, Barroso recuerda que la Administración tiene un campo en el que "puede hacer mucho" que es el relacionado con el personal de confianza y la designación de asesores.

"Son de libre designación, no están regulados y suponen un coste importante en el que sí se pueden practicar recortes". asegura. "Las administraciones deberían estudiar si en verdad hace falta todo este tipo de personal".

UGT Canarias.- Mucho menos reticente a suprimir departamentos se muestra el secretario de Política Institucional de UGT Canarias, José Yanes. "¿Por qué no? Es una medida de austeridad. Se debe racionalizar la Administración y maximizar los recursos".

En Canarias, apunta Yanes, la proporción que existe entre empleados públicos y la población activa es, aproximadamente, el doble que en Cataluña, si bien matiza que "es verdad que el hecho insular justifica una mayor administración".

Así, "se entiende que la Consejería de Sanidad deba afrontar el gasto de un hospital en La Gomera, aunque esté a sólo 40 kilómetros de Tenerife".

Pero José Yanes advierte de que la necesidad de racionalizar el gasto es un asunto de "todas" las administraciones, "no sólo la regional".

Otro problema a considerar es que el Estado transfirió competencias a las comunidades autónomas que, ahora, pasan (o ya han pasado) a los cabildos y ayuntamientos.

"Se produce también un traspaso de funcionarios que, a veces, da lugar a una mala distribución del personal", explica. "Está claro que hay áreas en las que está claro que falta personal y otras en las que sobra".

Antes de hablar de suprimir consejerías, Yanes deja claro que lo "importante" son las competencias y funciones que dan atención a los ciudadanos.

"Lo que hay que vigilar es que no haya solapamiento entre ellas porque, de existir, eso constata que hay ineficiencia", señala al referirse a áreas como agricultura, que cuenta con una consejería, pero son competencias muy desarrolladas por los cabildos.

Otro aspecto a "vigilar" de la Administración es el gasto en personal de las empresas y fundaciones públicas, "especialmente los altos cargos, como sus directores, que en algunos casos perciben un salario superior que el del presidente regional".

"Ahí hay que meter el bisturí porque las empresas públicas son demasiadas, muchas son de dudosa justificación y su funcionamiento origina un coste importante", añade.