La cifra de menores extranjeros no acompañados por la Comunidad Autónoma de Canarias ha caído en los últimos doce meses un 45,6 por ciento. En marzo de 2009, la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, admitió que ante la falta de centros en las Islas existían menores que dormían en "colchones en el suelo".

Según los datos a los que ha tenido acceso Europa Press actualmente el número de menores tutelados por el Gobierno canario es de 764, mientras que a principios de marzo de 2009 el total era de 1.404 menores.

Del total, los cabildos insulares atienden a día de hoy un total de 227 menores. Así en Gran Canaria se encuentran 75, 72 en Tenerife, 28 en Lanzarote, 17 en Fuerteventura, 21 en La Palma y 14 en La Gomera. Por su parte, los Dispositivos de Emergencia de Asistencia a Menores no Acompañados se hacen cargo de otros 276 jóvenes.

Fruto de los convenios con otras comunidades autónomas, familias y organizaciones no gubernamentales fuera de las islas, pero a cargo del Gobierno regional se encuentran 232 menores. Así en Madrid residen 2, en Castilla y León 78, en la Comunidad Valenciana 38, en Murcia 14, en Castilla La Mancha 8, en Extremadura 32, en Cantabria 10, en Baleares 40, y en Asturias 10.

De igual forma, el número de menores extranjeros no acompañados trasladados por el Ministerio de Trabajo de Asuntos Sociales a través de un programa de 2006, pero que siguen tutelados por el Ejecutivo regional, es de 16 y 13 son los que se encuentran en centros de medidas judiciales.

Las Comunidades Autónomas se comprometieron en enero de 2009 a colaborar con el archipiélago para el traslado de menores extranjeros no acompañados ya que entendían que las islas se encuentran en una situación de "emergencia" ante la falta de espacios adecuados para dar acogida a los niños africanos procedentes de la inmigración clandestina.

A finales de ese mismo mes, el Parlamento de Canarias con los votos de CC y PP aprobaron una propuesta de resolución en la que se instaba al Gobierno regional a que promoviese a los parlamentarios "a introducir una enmienda al Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, estableciendo que, con carácter general, la tutela de los menores extranjeros no acompañados sea asumida por el Estado, y su guarda corresponda a la entidad pública constituida en el territorio donde sea acogido el menor extranjero no acompañado".