Los Verdes-Grupo Verde se han hecho eco a través de un comunicado de un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el que ha participado el Centro Superior de Investigaciones Científicas español (CSIC), que considera que la protección y conservación de las praderas submarinas, las marismas y los bosques de manglar sería suficiente para conseguir un efecto equivalente a un 10% de la reducción de CO2 necesaria para mantener la concentración de este gas en la atmósfera por debajo de las 450 partes por millón, considerado el límite máximo para que la temperatura no aumente más de dos grados centígrados con respecto al nivel preindustrial. Por ello, asegura la formación ecologista, Naciones Unidas quiere comprometer a los países ampliando el sistema de compensaciones económicas para conservar estos ecosistemas.
La ONU encargó este informe para conocer cómo funcionan los sumideros de CO2 en ecosistemas como los sebadales, pues la capacidad de capturar dióxido de carbono de estas praderas y bosques marinos "ha sido pasada por alto entre los mecanismos de reducción de emisiones". La revalorización ecológica y económica de las praderas submarinas forma parte de la estrategia para lograr sacar adelante en Copenhague en diciembre el texto que debe sustituir al protocolo de Kioto de reducción de emisiones contaminantes.
El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, señala que en el caso de los sebadales europeos, y canarios en particular, "aunque el modelo de compensación está en discusión aún, esta iniciativa sentará las bases para modificar la legislación europea y española sobre emisiones y sobre conservación de estos espacios, que actualmente están protegidos en el Mediterráneo y amenazados en el Atlántico".
Los sebadales de las Islas, apunta Hernández, "son los únicos existentes en el área atlántica ecuatorial y eso los convierte en una fuente de riqueza potencial en el futuro mercado del carbono".
Las ayudas económicas derivadas del nuevo Protocolo tendrían que ser canalizadas a través de los presupuestos de la Unión Europea y generales del Estado.
El portavoz de Los Verdes indica que en el Archipiélago "los intentos gubernamentales, tanto estatales como autonómicos, de desclasificar los sebadales para sepultarlos con obras portuarias, como en Santa Cruz y en Granadilla, o bien para explotar la arena de los fondos marinos donde se encuentran, tendrían que ser prohibidos en aplicación del nuevo Protocolo de Copenhague".
Para Octavio Hernández, "la iniciativa del nuevo Protocolo demuestra con rotundidad que la decisión de la Fiscalía de investigar los vertidos de áridos que han sepultado el sebadal de San Andrés en Santa Cruz y la del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de paralizar cautelarmente el comienzo de las obras de Granadilla, están en la vanguardia del derecho medioambiental y plenamente justificadas".