EXISTE en democracia un axioma fundamental: la mejor representación electoral es aquella que hace valer por igual los votos de todos los ciudadanos. Por tanto, no hay nada mejor que una circunscripción única para el conjunto de los cargos elegibles, al estilo de unas elecciones municipales, o, como ocurre en las europeas, para los diputados que se eligen en España.

¿Por qué motivo aparecen entonces las distintas circunscripciones? Normalmente, cualquier partido, tras ganar unas elecciones, acostumbra a decir que gobernará para todos, y no sólo para los que le han votado. Sin embargo, la realidad, que es bastante tozuda, nos demuestra que lo habitual es gobernar de cara al voto y al votante. Este es el principal motivo por el que se establecen distintas circunscripciones: que los gobernantes se acuerden por igual de todos los ciudadanos. Hay al menos otro motivo que justificaría la creación de las circunscripciones: la motivación ciudadana. A pesar de que la abstención nunca beneficiaría a una zona en concreto, la sensación de que el conjunto de habitantes de una circunscripción pequeña poco puede influir en un resultado global pudiera desanimar a las zonas menos pobladas para participar en la democracia.

Sin embargo, la existencia de circunscripciones de diferentes tamaños acarrea consigo, lamentablemente, que las circunscripciones grandes pierden representatividad con respecto a las pequeñas, so pena de elevar el número de elegibles hasta cifras insostenibles. La diferencia de esta representatividad puede ser abrumadora, como sucede en el caso de Canarias, donde en la actualidad el voto de un ciudadano de El Hierro tiene hasta catorce veces más capacidad decisoria que el de un ciudadano de Tenerife.

Si, tal y como planteamos, es necesario establecer circunscripciones diferentes, y simultáneamente es inevitable una pérdida de representatividad en cuanto se crean circunscripciones con tamaños poblacionales muy distintos entre sí, lo más justo es minimizar en lo posible esta diferencia. Y esto es necesario por una cuestión muy sencilla:

Se está eligiendo a unas personas que van a tomar decisiones en las cuales siempre están en juego nuestro dinero y nuestros derechos. Y si bien la cantidad de dinero que cada uno de nosotros aportamos está en consonancia con nuestros ingresos, en cambio la cantidad de dinero que la Administración se gasta en nosotros es igualitaria. En eso consiste el reparto solidario social de los impuestos. Las previsiones de gasto sanitario, o en educación, o en obras públicas, o en cultura, se realizan siempre en función de la población. Por tanto, es imprescindible que, al plantearse gastos en función de la población, quienes los planteen representen a la población de la manera más proporcional posible.

Esta, y no otra, es la razón fundamental por la cual el voto de una persona no debe valer el equivalente a catorce veces el de otra. Porque significaría que tendría catorce veces más capacidad de decidir cómo nos gastamos el dinero de todos, y qué límites ponemos dentro de nuestra convivencia. Por ese motivo, al igual que la creación de circunscripciones es un sistema protector de las pequeñas poblaciones, el mantenimiento de la representatividad es un sistema protector de las grandes poblaciones. Por eso la ley electoral de Canarias necesita una revisión en profundidad, pues así como todas las islas necesitan tener representación, no es menos cierto que todos los habitantes necesitan ser tratados por igual, pues el Parlamento de Canarias es una cámara de representación ciudadana y no una cámara de representación territorial.

* Responsable de Programa y

Estudios de UPyD en Canarias