Las personas que han solicitado una Prestación Canaria de Inserción (PCI) a partir del mes de junio aún no la han cobrado ni han recibido notificación alguna del estado en el que se encuentra su expediente, según se asegura desde las oficinas de servicios sociales municipales. En concreto, EL DÍA ha podido confirmar en los ayuntamientos de Yaiza, Candelaria, El Rosario, La Laguna, Tegueste y Las Palmas de Gran Canaria que desde el mes de junio ninguna de las solicitudes de PCI remitidas por los servicios sociales municipales ha sido tramitada por el Gobierno, y que en muchos casos, dicha documentación ya ha caducado.

La explicación que los técnicos de la Dirección General de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias han dado a las entidades locales es que los fondos previstos en la partida presupuestaria ya se han agotado y se está a la espera de que se amplíen, por lo que, de momento, no tienen autorización para conceder nuevas ayudas o renovar las que ya se han agotado y se han vuelto a pedir.

Además, señalan que durante el verano el departamento encargado de la concesión de esta ayuda de emergencia social estuvo trabajando bajo mínimos, puesto que la plantilla se redujo por las vacaciones y algunas bajas médicas, lo que ha ralentizado el trabajo de forma muy notable.

En este sentido, un concejal comunicó hace dos meses esta circunstancia a la Federación Canarias de Municipios (Fecam), que elevó una queja a la Consejería de Bienestar Social, que a su vez informó de que no había retraso.

De esta manera, los ayuntamientos se están viendo obligados a hacer un sobreesfuerzo económico destinado a garantizar, a través de ayudas de emergencia social, las necesidades básicas de estas personas hasta que les sea concedida la ayuda económica.

En algunos casos, como el del Ayuntamiento de El Rosario, incluso se ha tenido que articular un sistema de bonos para alimentación ante este retraso.

Sin embargo, la máxima preocupación de los técnicos municipales radica en el hecho de que buena parte de los expedientes enviados ya han caducado, por lo que se temen que se les empiece a requerir de nuevo toda las documentación y se alargue el retraso. Y es que la normativa prevé que los ayuntamientos tienen tres meses para trasladar el expediente a la Dirección General de Servicios Sociales y ésta, a su vez, otros dos meses para resolverlo, puesto que después caduca.

Ante esta circunstancia, son muchos los solicitantes que, ante la falta de información, acuden a pedir explicaciones a los trabajadores sociales municipales, que han comenzando a derivarlos a Bienestar Social para que pongan las reclamaciones pertinentes.

Por su parte, desde Bienestar Social se niega esta situación y se mantiene que existe "absoluta normalidad", si bien reconocen que "se está trabajando en la ampliación presupuestaria de la partida prevista para estas prestaciones", haciendo hincapié en que "se trata de unos fondos que pueden ser ampliados en función de las necesidades".