Hace apenas unos meses, quien era entonces un asesor de la Delegación del Gobierno en Canarias recién dimitido, Domingo Medina, aseguraba en declaraciones a este periódico que estaba convencido de que quien ostentaba en aquella época la máxima responsabilidad sobre la Policía Nacional en las Islas tomaba algunas decisiones dentro de su ámbito en función de cuestiones políticas. Aquellas palabras de Medina, que en ese momento pasaron desapercibidas para la mayoría -excepto para CC, que pidió en el Senado una reunión de la Diputación Permanente-, han cobrado relevancia en las últimas semanas dentro de una estrategia, la del Partido Popular, de reducir los presuntos casos de corrupción que le afectan a una persecución organizada por el Gobierno socialista en su contra. Quien conoce los resortes y el funcionamiento de un Estado democrático y consolidado como es el español sabe que esta tesis no se mantiene, ya que el Estado de Derecho hace imposible que un Ejecutivo pueda controlar y dirigir a la vez a jueces, fiscales y agentes de Policía. Todo ello sin negar la posibilidad de que se hayan producido abusos en algún momento, como las formas con las que fue detenido el empresario Santana Cazorla en Gran Canaria, un acontecimiento que era conocido de antemano por algunos medios de comunicación, lo cual no deja de parecer sorprendente.

Que sepamos, por el momento, ninguna de las causas que aquejan a ese partido en las Islas en municipios como Telde o Mogán, el denominado "caso Salmón" o el "caso Eólico" han sido archivados y las investigaciones siguen su proceso habitual por parte de los jueces, lo que lleva a pensar que materia para investigar había. O al menos que así lo piensan tanto la Fiscalía como los propios jueces que los llevan. El principal argumento del PP en estos casos, al menos por el momento, es echar barro contra las instituciones en lugar de dar las oportunas explicaciones a los ciudadanos y a sus representantes, tal y como debería ocurrir. Poner en cuestión sistemáticamente el funcionamiento de las instituciones de la Comunidad autónoma es enormemente grave e inaugura un perverso antecedente. ¿Qué pasará cuando el PP vuelva al poder, tal y como tarde o temprano ocurrirá? ¿Pondremos en cuestión las decisiones judiciales que se tomen en ese momento tachándolas de meramente partidistas? Salvo que haya pruebas evidentes de lo contrario, la sensatez obliga a cualquier partido político que aspire a gobernar a respetar a las instituciones y no refugiarse en presuntas tramas de todos los poderes del Estado en su contra. En democracia hay que dar explicaciones. Y ser responsables.