Los cabildos se oponen al reparto entre las Islas, de forma proporcional a su población, de los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en los centros de emergencia del Gobierno canario, después de que la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, advirtiera en una reunión con la Fecai que adoptaría esta medida en caso de que el Estado no esté dispuesto a repartirlos por otras comunidades, tal como adelantó un periódico regional el pasado miércoles.
Rojas se ampara en que la Ley Integral del Menor especifica que la tutela de los niños en desamparo es del Gobierno autónomo, mientras que su guarda y custodia corresponde a las corporaciones insulares. La consejera recordó en el último pleno del Parlamento que el Ejecutivo canario había demostrado su solidaridad al hacerse cargo en solitario de los niños de los cayucos y recalcó que lleva meses esperando que el Estado cumpla su promesa de ayudar a Canarias en esta tarea, aunque los deseos no se han llevado a la práctica.
Por este motivo, en la reunión de la Fecai, mantenida el pasado lunes, con la presencia de Inés Rojas y los miembros de los cabildos, la consejera advirtió de que el Ejecutivo autónomo está dispuesto a repartir a estos jóvenes entre los siete cabildos, si desde Madrid no se resuelve su traslado a otras comunidades.
En la actualidad, los cabildos se hacen cargo de 247 niños africanos, después del acuerdo adoptado en 2003, cuando eran 300 los menores que habían alcanzado las costas canarias (de Fuerteventura y Lanzarote) en pateras.
Si se llegara a realizar la propuesta de los niños acogidos en la actualidad en el Archipiélago, en función de ese reparto, en Gran Canaria, que le corresponde el 32,8% del total, tendrían que vivir 492; en Tenerife (29,8%), 447; en Lanzarote (10,9%), 163; en Fuerteventura (9,6%), 144; en La Palma (8,9%), 133; en La Gomera (6,3%), 94 y en El Hierro (1,7%), 25. Ninguno de los cabildos consultados ayer por este periódico se mostró a favor de la medida lanzada por Inés Rojas, a pesar de que, según ésta, responde a la ley.
El consejero de Política Social y Sociosanitaria del Cabildo grancanario, Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, formación política que está gobernando esa institución con el PSC, entiende que la medida propuesta por Rojas es "inaplicable", porque los cabildos ya atienden a los menores que les corresponden, con un "sobreesfuerzo económico", pues las transferencias que el Gobierno autónomo les realiza son "insuficientes, ya que no atienden al coste real de los servicios que se están prestando". En este sentido, precisó que el Cabildo grancanario "ha interpuesto una demanda por la vía contencioso administrativa contra el Gobierno regional por incumplimiento de la ley en este aspecto". Precisó que, en 2007, el Gobierno canario aportó 7 millones de euros para atender a los menores, cuando el coste real ascendió a 16 millones.
Por parte del Cabildo de Lanzarote, el responsable de Servicios Sociales, Sanidad, Empleo e Inmigración, Joaquín Caraballo, afirmó rotundamente que el Gobierno canario quiere "quitarse de encima" a los menores inmigrantes y dijo que le parece "una barbaridad" que el Ejecutivo "amenace a los cabildos con repartirlos" si no consigue que el Estado facilite el traslado a otras comunidades autónomas.
Caraballo manifestó que el Cabildo lanzaroteño está dispuesto a decirle al Gobierno canario "que se quede con la guarda de estos niños y que los sitúe donde quiera, porque hacen un planteamiento muy falso para quitárselos de encima".
Este periódico también se puso en contacto con la consejera de Asuntos Sociales del Cabildo de Tenerife, quien alabó a Inés Rojas, tanto por su gestión, como por "la paciencia que muestra en su negociación con el Gobierno central". En opinión de Valido, la idea lanzada por Rojas "no se llevará a cabo, porque la consejera sabe que los cabildos pueden menos que el Gobierno a la hora de sacar adelante a todos los niños de los cayucos". Criticó la postura del Estado, "que promete y no cumple".