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ROGER

La ley de dependencia y la política

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3/ago/08 1:19 AM
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Canarias va a recibir una nueva partida de Gobierno central para la atención a las personas en situación de dependencia. Son 9,1 millones de euros que deberían notarlos las más necesitadas -aquellas que necesitan la atención de un familiar las 24 horas del día- dentro de pocas semanas. Y sin embargo, no es seguro que esto sea así. Porque desde que el Gobierno central aprobó la, por su aplicación, polémica Ley de Dependencia, las comunidades autónomas que no son del mismo signo político vienen poniendo excusas para justificar su escasa o nula aplicación. Algunas de esas disculpas tenían justificación al principio, sobre todo por la falta de concreción y de dotación económica con que se aprobó una norma que el PSOE utilizó con fines electorales. Sin embargo, transcurridos ya bastantes meses, las explicaciones que dan muchos Gobiernos autónomos suenan a disputa política más que a otra cosa.

Al margen de la indignidad que pueda suponer retrasar la tramitación de ayudas que mejorarán la vida de muchas personas en situación angustiosa por cálculos electorales, el político que en estos momentos no haya comprendido que con esa actitud pierde más que gana es que tiene poca inteligencia. Porque en estos momentos nadie se fija tanto en quién es el autor de la idea que le hará más llevadera su existencia como en quién le impide disfrutar de ese derecho que la ley le reconoce. Si el Gobierno de Canarias estuviera por la labor de tramitar rápidamente las miles de solicitudes que aguardan desde hace meses para recibir esas ayudas se apuntaría ahora un tanto mucho mayor que el pudiera obtener el Gobierno central dentro de cuatro años, cuando les recuerde a los electores que fue él quien promulgó la ley de dependencia.