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A BABOR FRANCISCO POMARES

Entre jueces

21/jul/18 6:05 AM
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Emilio Moya, presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que lo es también de su Sección Sexta, ordenó ayer al mediodía el registro del despacho del suspendido juez Alba, para localizar los procedimientos penales y civiles que pudieran encontrarse allí. Moya decidió ordenar la intervención del despacho de su colega y antes amigo, después de que el Consejo General del Poder Judicial notificara a la Audiencia el acuerdo por el que se decide la suspensión provisional del juez Alba, y se le pide a él, como presidente de la Audiencia, que adopte las medidas para resolver los procesos de los que se ocupaba el magistrado.

El más importante de esos procedimientos es -sin duda- el caso Faycán, trama corrupta en el Gobierno municipal de Telde, entre 2003 y 2007, que implica al Partido Popular y a Ciudadanos por el Cambio, y empezó como un clásico apaño de financiación irregular partidaria para terminar -también clásicamente- con los billetes en las carteras de los ahora procesados. La trama salpicó a dos alcaldes del PP y a munícipes de los partidos que gobernaban Telde, pero también a cargos públicos y dirigentes del partido conservador. Ese sistema de mamandurria en connivencia con funcionarios y empresarios fue diseccionado en un juicio en el que las dos terceras partes de los acusados pactaron con la Fiscalía reconocer sus apaños y acusar al resto, y se convirtieron en testigos que no darán con sus huesos en la cárcel. El juicio concluyó hace ya cuatro mees, pero Alba, que actuaba como magistrado, no llegó nunca a dictar sentencia. El hombre alegó una baja médica diagnosticada por un pediatra amigo, y aprovechó la baja para cogerse unas buenas vacaciones en Maldivas.

Ayer mismo, cuando ya el Consejo General del Poder Judicial había decidido suspenderle y apartarle de la instrucción del Faycán, Alba barruntaba en la Cope que pensaba pedir el alta médica para dictar la resolución sobre esta causa antes de que le notificaran la suspensión. En realidad, Alba no tuvo nunca la más mínima intención de dictar resolución alguna en este caso. Las últimas decisiones de su polémica carrera parecen haber estado más dirigidas a favorecer los intereses del PP -más concretamente de su amigo y mentor, el exministro Soria- que a despachar con diligencia los asuntos juzgables que le tocaba dirimir.

El Faycán tendrá que ser ahora sentenciado por los otros dos magistrados que se ocuparon de este procedimiento, los jueces Oscarina Navarro y Carlos Vielba, este padrino de una hija de Alba y hasta no hace tanto buen amigo suyo. Si se ponen de acuerdo, habrá sentencia. Y si no, a empezar de nuevo?

En realidad se esperan pocas sorpresas: poco antes de las conclusiones finales, el fiscal anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, tuvo a bien rebajar la petición de pena para los pocos procesados que seguían siendo acusados -entre ellos el exalcalde Valido y la exalcaldesa Castellano-, alegando que fueron víctimas de una dilación indebida del proceso. No pagarán tampoco penas de cárcel, como mucho serán multados e inhabilitados. Los que dispongan de cuartos pagarán las multas, y el resto se declararán insolventes.

Y asunto concluido: otra vergüenza más que sumar a la Justicia. Porque es verdad que en el caso se han producido dilaciones indebidas, y no solo porque Alba se fuera de vacaciones estando de baja, algo que un funcionario no puede hacer. También porque hace ya algún tiempo, el mismo magistrado que ha ordenado ahora registrar el despacho de Alba, el mismo que apareció en una de las grabaciones de Alba que han hecho que el Poder Judicial le suspenda, ese mismo Moya, fue quien defendió dejar pasar las elecciones autonómicas antes de celebrar el juicio del Faycán. Según dijo, para evitar perjuicios políticos a la exalcaldesa Castellano, acusada y candidata. Paisanaje este.

A BABOR FRANCISCO POMARES