Santa Cruz de Tenerife
A BABOR FRANCISCO POMARES

Burocracias

11/abr/17 6:12 AM
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La administración canaria es extremadamente compleja, duplicada territorialmente en algunos casos y duplicada también por conflictos de competencia entre distintas administraciones que en la época de las vacas gordas se resolvían ofreciendo servicios de más, y ahora no prestándolos, pero responsabilizando a las otras administraciones de que no se haga. Además, nuestros gobernantes tienen la percepción de que su trabajo debe medirse en la cantidad de leyes y normas reguladoras que se aprueban en los Parlamentos y administraciones, lo que ha contribuido a crear una gigantesca maraña legislativa, cuyos únicos beneficiarios son los bufetes de abogados y los funcionarios de alto estatus -secretarios municipales interventores, secretarios generales-, que son quienes interpretan las leyes para los alcaldes y gestores. Esos funcionarios han ido adquiriendo un poder extraordinario en sus ámbitos de actuación, y a veces -sobre todo en las administraciones más pequeñas, donde no se cuenta con personal de repuesto para un asesoramiento alternativo- pueden convertirse en una rémora paralizante de las funciones de gobierno.

De estos asuntos se habla poco, porque es políticamente incorrecto señalar el abuso de poder de algunos funcionarios (funcionarios hay de todas clases, como en cualquier otro estamento) o censurar la diarrea legislativa que tiende a caracterizar a los Parlamentos regionales. Aunque no todo el mundo en la política canaria tiene papas en la boca...

Aprovechando que le tocaba despedirse de su cargo de Diputado del Común, Jerónimo Saavedra pidió en su último informe cambios legales que permitan reformar la administración canaria, y evitar así el solapamiento de competencias autonómicas, insulares y locales. Es una propuesta absolutamente necesaria, aunque Saavedra la vinculó sobre todo a lo que define como "situaciones catastróficas" de duplicidad, que en los últimos tiempos se han traducido en pérdida de fondos para la dependencia.

Canarias ha llegado a perder tres millones de euros anuales para atender la dependencia, que serían aportados por el Estado, y que no llegan nunca por la incapacidad de la administración regional para incorporar a su sistema de dependencia las ayudas a domicilio que prestan por su cuenta los ayuntamientos, y que no pueden ser abonados con fondos estatales, que se liquidan a Canarias en función de las prestaciones que se abonan a terceros.

Se trata de un asunto menor dentro del montante total para sostener la dependencia, y menor también en relación a lo que supone que existan trece mil casos pendientes de ser atendidos. Pero es ridículo perder tres millones al año, cuando el procedimiento para que se produjeran los abonos podría haberse regulado. La oportunidad es hacerlo ahora, introduciendo un sistema regulador de la prestación de la dependencia en la Ley de Servicios Sociales que el Gobierno espera poder aprobar antes de fin de año.

El Gobierno ha fijado su objetivo en reducir la presión de algunas leyes sobre los procedimientos y trámites, y pone como ejemplo de ese objetivo su proyecto de Ley del Suelo, en el que se trata -dice- de aligerar la maraña que se cierne sobre la ordenación del territorio, el urbanismo y la obtención de licencias. Habrá que ver si esa filosofía "facilitadora" se mantiene también en la reforma del resto de las leyes, cuando se trate de facilitar el acceso de las personas a los servicios más necesarios y elementales.

A BABOR FRANCISCO POMARES