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SOLEDAD MONZÓN CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

"Tenemos que seguir reclamando la financiación estatal que nos corresponde"

8/mar/18 6:10 AM
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Soledad Monzón ya ha superado la mitad de su mandato al frente de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias y sigue pensando lo mismo que cuando llegó: quedan muchas cosas por hacer, por corregir, para tener el sistema educativo que le gustaría. Los presupuestos siguen lejos de las cantidades que se manejaban antes de la crisis -y que exige un departamento como este-, pero la consejera es optimista con el futuro. Cree que llegar a invertir el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) en enseñanza es factible en 2022, la fecha que marca la ley.

"Se hará de manera progresiva. Ya hemos incrementado estos años el presupuesto, el último, en concreto, en 100 millones", recuerda. Así y todo, estar satisfecha con el dinero que recibe es imposible: "En todas las áreas sociales siempre es insuficiente el presupuesto, siempre hay necesidades".

¿Qué es lo que más le preocupa ahora mismo de la educación de Canarias?

Me preocupa todo, porque si queremos mejorar la educación no podemos dividirla en parcelas o etapas. Tenemos que afrontar el sistema como un todo, desde la etapa de educación infantil hasta la Formación Profesional y las Universidades, pasando por el Bachillerato. Creo que un aspecto fundamental es seguir insistiendo en el trato y la atención individualizada; es lo que marca la Unión Europea (UE), que el alumnado pueda ser atendido en función de sus características personales. Por supuesto, también me preocupan las infraestructuras, la atención a la diversidad, el fomento de la igualdad en las aulas y garantizar la equidad, es decir, que todos los alumnos puedan acceder en igualdad de condiciones al sistema.

El Consejo Escolar de Canarias (CEC) hizo una declaración, después de que se conocieran los presupuestos para este año, en la que reivindicaba más dinero para cumplir con la ley canaria. ¿Está satisfecha?

En las áreas sociales el presupuesto siempre es insuficiente, sobre todo con las necesidades y retrasos que tiene Canarias en muchos aspectos. Evidentemente, tenemos que cumplir una ley. Canarias se dotó de un pacto educativo que establecía, a través de la ley canaria, una inversión del 5% del PIB para educación. Evidentemente, para conseguir ese 5% en 2022 debemos seguir incrementando el presupuesto progresivamente. En lo que diferimos los que estamos en el Gobierno de otras fuerzas políticas y sociales es en los términos en los que debe acometerse esa progresión. Nosotros entendemos que estamos en la senda de conseguir ese 5%. Hemos incrementado este año 100 millones de euros y desde 2016 se ha ido aumentando y casi se ha duplicado el incremento anual. Nuestro reto es conseguir ese 5% en 2022 y creo que estamos en la senda adecuada. Pero es cierto que desde Canarias debemos dar un paso más para conseguir ese objetivo. Hay que seguir reclamando al Estado la parte de financiación que nos corresponde. Por eso, en la negociación de los presupuestos de 2018, que luego se vio paralizada por el caso de Cataluña, habíamos negociado la recuperación de 42 millones del Plan de Infraestructuras Educativas de Canarias (PIEC). En el presupuesto de 2017 recuperamos diez millones de esos 42, que llegaron en diciembre. El compromiso de Coalición Canaria para apoyar los presupuestos generales era recuperar convenios de financiación como este. También solicitamos una partida de 3 millones para Educación Infantil de cero a tres años, que es una demanda de toda la comunidad educativa y un compromiso del propio Gobierno y de nuestra organización política.

Hay muchas quejas por la escasa implantación de esa etapa en las Islas.

Lo que planteamos, igual que otras fuerzas, es que es necesario que el Estado regule esta etapa educativa. El año pasado se presentó una proposición no de ley en el Congreso para instar al Gobierno a regular esa etapa, para pedirle que saque un real decreto que la regule. Ahora la etapa de cero a tres no es gratuita ni obligatoria. Nosotros nos sumamos a esa petición de regulación porque eso nos ayudará a establecer políticas en Canarias. Debemos exigir al Estado que regule y que financie esa etapa. Y creo que estamos en un momento favorable para tratar esto, porque estamos debatiendo el Pacto por la Educación y se está hablando de modelos de financiación y está incluido el debate sobre la educación infantil.

¿Si no hay presupuestos no habrá Plan de Infraestructuras Educativas de Canarias?

En principio depende de que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado y eso solo depende de que las fuerzas políticas que tienen la mayoría parlamentaria lo aprueben. Para Canarias sería fundamental que recuperemos esos 42 millones y el resto de convenios incluidos en los Presupuestos.

Pero el Gobierno canario había sugerido que había convenios que se podrían firmar de todas formas, a través de decretos leyes. ¿No estaría el PIEC?

Eso está por ver, porque los diez millones de 2017 del PIEC no se hicieron a través de convenios, sino a través de una resolución del Ministerio. En el caso de que no hubiera presupuestos, tendríamos que plantear la firma de ese convenio. El reto ahora es ver, si no se puede aprobar el presupuesto, la posibilidad de que sí podamos disponer al menos de esa cantidad.

¿Ahora mismo no saben ni siquiera si es viable mantener los diez millones?

No está claro. Aunque entendemos que si se prorroga el presupuesto tendrían que entrar esos diez millones.

Y con ese nivel de incertidumbre ¿cómo se pueden planificar las infraestructuras?

Pues así es difícil planificarlas. Es verdad que nosotros tenemos prácticamente elaborado el Plan de Infraestructuras y conocemos las necesidades. El único problema es en cuánto tiempo podemos ejecutarlas. No es lo mismo saber si tenemos 42 millones de euros, además de las aportaciones de la Comunidad Autónoma, a no tener ese dinero. Lo único que falta para completar el plan de infraestructuras es saber si vamos a contar con ese dinero. No tiene sentido hacer un plan si no vamos a tener un período de ejecución. De hecho, las infraestructuras que estamos ejecutando ahora mismo son infraestructuras planificadas hace más de 15 años e incluso algunas de más de 20. Los colegios que hemos puesto en marcha en esta legislatura en todas las islas, que ya van por once o doce colegios, estaban planificados en el Plan Sur que se diseñó hace muchos años. Por lo tanto, ni siquiera son infraestructuras nuevas.

¿Cómo es posible? Hablamos de centros que estaban planificados, o sea, eran necesarios, antes de la crisis.

En 2012 dejaron de venir los 42 millones del PIEC. Eso supuso un recorte importante y paralizó prácticamente todas las infraestructuras durante la legislatura pasada. En esa legislatura también se planteó la posibilidad de hacer un convenio de colaboración público-privada, que no llegó a materializarse, para poder construir los 15 centros que tenemos en marcha ahora. La fórmula no funcionó y se perdió esa legislatura en cuanto a infraestructuras.

Se acaba de publicar el nuevo decreto de atención a la diversidad en Canarias. La falta de recursos en esta área es una de las grandes quejas de los docentes. ¿Qué supondrá este decreto?

Los recortes han afectado a todas las áreas. En esta legislatura hemos intentado recuperar cuestiones importantes. Incluso cuestiones que nada tienen que ver con los recortes, sino que son demandas históricas del profesorado. Por ejemplo, los sexenios, que se han puesto en marcha este año y que tienen un coste elevado paras el Gobierno. Este año suponen 20 millones de euros, pero se irán incorporando de manera progresiva más cantidades hasta el año 2022, cuando, además, también tenemos que invertir el 5% del PIB en educación. Todavía es imposible que en cuatro años podamos recuperar todos los recortes que se han producido estos años. Hemos avanzado en el hecho de que hemos incrementado el número de profesores pesar del descenso de alumnos. Eso mejora en algunos casos las ratios dentro de las aulas. Y también hemos incorporado medidas de atención a la diversidad. Somos conscientes de la importancia de tener un plan de atención a la diversidad, una hoja de ruta para conseguir unos objetivos óptimos de atención al alumnado. Ha sido importante en este año la puesta en marcha de un proyecto como Impulsa, de docencia compartida en etapas Infantil y primero y segundo de Primaria, donde al tener ese refuerzo de un docente más en el aula se facilita esa atención individualizada al alumnado. Además, Canarias empezó antes con el sistema inclusivo de alumnado con necesidades especiales, de forma ordinaria o en aulas enclave. Y hemos aumentado los orientadores, los docentes de audición y lenguaje y se han puesto terapeutas ocupacionales en los centros de educación especial. Todo eso nos ayuda a mejorar. La idea es seguir incrementando recursos, equipamiento, accesorios?

¿Cuál es la previsión de crecimiento de la Red de Escuelas por la Igualdad?

Tenemos que conseguir que la igualdad en los centros no sea un proyecto voluntario, sino asumido por todos los centros. No se trata necesariamente de forzar ni de obligar a los equipos a formar parte, pero sí de poner los medios, la formación, los incentivos para que - aunque todos los centros tienen su plan de igualdad- todos tengan verdaderos proyectos de centro en este ámbito. Creo que es algo fundamental. Para trabajar en esa línea, este año aprobamos el Plan de Igualdad y contra la Violencia de Género. Establece 50 agentes zonales que van a trabajar por el desarrollo de ese plan, en principio en los más de 200 centros que conforman la red, pero con la idea de que promuevan también el desarrollo de planes de este tipo en otros centros.

En educación superior, los datos no son buenos. Los universitarios canarios son los que menos rinden de toda España. ¿Están comprometidas las universidades?

Creo que las universidades están haciendo un esfuerzo importante por asumir los compromisos que firmamos en diciembre de 2016. Es indispensable hacer ese esfuerzo y revisar aquellos grados y másteres que no tienen tanta demanda y que podamos evolucionar a una verdadera oferta de grados y másteres que responda a las verdaderas necesidades del mercado de trabajo. Lo importante no el tiempo que tardemos, sino que se asuma esa responsabilidad, y me consta que en ese sentido están trabajando. Tenemos que poner una oferta que responda fundamentalmente a las necesidades del mercado y a las demandas de los estudiantes.

¿Qué cambios prevé en Formación Profesional para ajustar mejor la oferta y la demanda?

El objetivo es el mismo que con las universidades: ajustar la oferta y la demanda. El programa Enlaza que hemos puesto en marcha quiere poner la Formación Profesional en valor, que no sea una formación de segunda. Que sea una verdadera formación que responda a las necesidades de trabajo y que sea una verdadera elección del alumnado. Creemos que para eso hay que empoderar a los centros que imparten FP. Hemos empezado con la red de centros integrados. Estamos mejorando la oferta de FP introduciendo en los ciclos de FP módulos de emprendimiento y reforzando idiomas. Y en lo que estamos ahora es en la verdadera conexión los sistemas formativos de empleo y educación. Queremos ajustar el sistema de empleo y el de educación de manera que cuando tengas un ciclo formativo obtengas el certificado de profesionalidad, ajustando la formación que te falte, o al revés. Es decir, que personas que se hayan formado en el Servicio Canario de Empleo puedan obtener un ciclo de FP con formación complementaria. Son dos titulaciones válidas, pero una es la formación reglada y otra los certificados de profesionalidad. Por último, la tercera acción que estamos incrementando ahora es la acreditación de competencias dentro del Enlaza, es decir, garantizar que a trabajadores que han estado más de tres años en un sector o trabajo concreto se les acrediten las competencias profesionales. Para que puedan obtener en un futuro el cliclo de FP. Esto ayuda a la formación a lo largo de toda la vida.

¿Cómo está siendo la evolución de la implantación de la enseñanza concertada y privada en el Archipiélago estos últimos años?

Los datos muestran que ha descendido la enseñanza concertada y ha subido la privada un poco, no es algo significativo. En el caso de la enseñanza pública desciende porque hay un descenso generalizado de alumnos. Pero en la renovación de los conciertos, que se ha producido en 2017, no hay incrementos nuevos.

¿Se nota más en la formación superior?

Sí que hay propuestas de educación superior en Canarias. Eso hace que la oferta sea mayor.

¿Hay más peticiones sobre la mesa?

Sí, hay alguna universidad "on line".

SOLEDAD MONZÓN CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES