Sucesos

Condena al garantizar inversiones con rentabilidad del 100% en 30 días

El Tribunal Supremo impone una pena de dos años de prisión y confirma que el procesado protagonizó una estafa de 200.000 euros, por la que ya fue condenado en la Audiencia Provincial.
El Día, S/C de Tenerife
27/jul/18 6:16 AM
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Una condena de dos años de cárcel y el pago de 200.000 euros es la pena impuesta en su día a J.A.A. por la Audiencia Provincial de Tenerife que el Tribunal Supremo (TS) ha rechazado anular al considerar al acusado responsable de una estafa relacionada con inversiones financieras. El fallo da por probado que el inversor propuso al denunciante participar en una operación de arrendamiento de una garantía financiera con la que podría obtener un beneficio del 100% en un mes tras aportar cada uno 200.000 euros.

El TS respondió al recurso echando en falta su "escaso desarrollo argumental" y cuyo contenido apunta a que no existió delito. Aunque se reconoce que el procesado recibió 200.000 euros, su abogado señaló que no se acreditó el engaño previo.

El Supremo avala el fallo de la Audiencia en el que se relata que J. A. A. se presentó ante la víctima como experto en inversiones, tanto las financieras como inmobiliarias. El acusado envió en reiteradas ocasiones correos en los que informaba sobre diversas operaciones en las que supuestamente estaba interviniendo pero que, según la sentencia ya firme, no eran reales. La Audiencia consideró que el condenado solo actuó con la intención de hacer suyo el dinero y no llevó a cabo inversión alguna. En la entrega del dinero, ambos firmaron un documento de reconocimiento de pago y de préstamo entre particulares. Pero lo cierto es que el procesado hizo suyos los 200.000 euros y no ha devuelto cantidad alguna al perjudicado. J.A.A. alegó que no pudo aportar ningún documento sobre el fin de este dinero porque este debía ser remitido desde el extranjero y que carecía de abogado hasta la celebración de la vista. Un argumento que no compartió la Sala de instancia en cuanto que se contradice con sus palabras de que era un profesional de las inversiones financieras y por lo tanto debía saber qué documentación precisaba para hacer valer su inocencia. El acusado presentó un pagaré de 18 millones de dólares de Hong Kong y aseguró que dispone de dinero suficiente para devolver los 200.000 euros estafados. Pero acto seguido aseguró que carece de liquidez por haber sido víctima de una supuesta estafa por parte de una entidad bancaria. Explicaciones que la Audiencia estimó en su día que en el fondo "no hacen sino confirmar su empeño en tergiversar y manipular la realidad". El pagaré apenas era una fotocopia de un cheque de Hong Kong carente de valor o eficacia jurídica. También visitó un negocio en el Sur donde supuestamente se hacían lucrativos negocios. La Audiencia declaró que estos no existían y que el acusado se aprovechó de la ingenuidad del perjudicado y utilizó comunicaciones en las que se presenta como un inversor profesional que hacía operaciones muy rentables.

El afectado pidió dinero a su familia

El engaño llegó al punto de que el denunciante pidió dinero a sus familiares para reunir los 200.000 euros, aunque la Audiencia reprocha al estafado que haya incurrido en "una cierta codicia" y que se creyera que un negocio con una rentabilidad del 100% no entrañaba riesgo alguno. El fallo cree demostrado que el denunciado incorporó ese dinero a su patrimonio y no llevó a cabo inversión alguna.