Sucesos

La joven víctima de La Manada denuncia amenazas tras filtrarse sus datos y fotos

Pamplona/Madrid, EFE
9/may/18 17:41 PM
eldia.es
La Audiencia de Navarra dictada sentencia contra los miembros de La Manada (imagen de vídeo). /EUROPA PRESS

El caso de la Manada, pendiente todavía de los recursos que se puedan presentar en la Audiencia Provincial de Navarra, ha vuelto a los juzgados por la publicación de datos personales de la víctima y la aparición de mensajes amenazantes e insultos contra ella en foros, páginas web y redes sociales.

La sesión de control al Gobierno tampoco ha sido ajena a la polémica generada por la sentencia que condena a los cinco acusados a nueve años de prisión por abusos sexuales y no por violación como pedían las acusaciones.

La difusión de datos personales de la víctima y mensajes amenazantes en medios de comunicación digitales y redes sociales han llevado a sus abogados a presentar en el juzgado número 30 de Madrid una denuncia por presuntos delitos de amenazas y contra la intimidad de la joven madrileña.

El pasado día 26 se envió por correo electrónico a los medios de comunicación la sentencia, en la que se habían borrado los datos personales de la víctima, pero no se eliminó en el margen del documento un código que permitió acceder al documento original en la web del Gobierno de Navarra.

Estos datos personales de la joven, como su nombre y apellidos o su dirección, han sido publicados en algunos medios digitales y en las redes sociales, donde además se han podido ver fotos de la chica, una imagen de su DNI e incluso capturas del vídeo grabado durante los hechos que tuvieron en los Sanfermines de 2016.

El Consejo General del Poder Judicial ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido la filtración de los datos personales de la joven.

Ante la denuncia presentada por los abogados de la víctima el juzgado ha abierto diligencias y ha oficiado a la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional para que proceda a la identificación de los autores de los mensajes y a la verificación de la retirada de los mensajes, porque lo solicita la denunciante como medida cautelar.

Como "especialmente grave" ha calificado la difusión de esos datos la directora de la Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mar España, quien ha advertido que también es delito reenviar el vídeo de una violación aunque el responsable no la haya cometido ni grabado.

"Hay que evitar que esto se repita, tanto la violación como la difusión de los datos de la víctima porque se la sigue dañando continuamente", ha sostenido la responsable de la AEPD.

La sentencia ha continuado dando que hablar en diferentes ámbitos en esta jornada y así en la sesión de control al Gobierno el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha señalado que "algunas sentencias ponen de manifiesto que queda mucho por hacer" para reforzar la formación y la sensibilización respecto a los delitos sexuales y se ha comprometido a seguir trabajando en esta materia y a reformar su regulación en el Código Penal.

Catalá ha realizado estas manifestaciones a preguntas sobre esta cuestión formuladas por las diputadas del PSOE Adriana Lastra y de Podemos Irene Montero.

"La falta de empatía solamente se corrige con formación para jueces y fiscales y es urgente porque estos profesionales tienen una responsabilidad capital en la lucha contra la violencia machista", ha manifestado Lastra, al tiempo que Montero ha advertido que "la víctima de La Manada no podría según la ley 1/2004 ser reconocida como víctima de violencia machista y por tanto no ha tenido acceso a los recursos correspondientes".

En relación con la modificación de la comisión que estudiará la reforma de los delitos sexuales en el Código Penal, Unidos Podemos ha presentado una proposición no de ley en la que solicita que, de inmediato, el Ministerio de Justicia modifique su composición para que la mitad de los veinte miembros que la conforman sean mujeres.

En la víspera de la jornada de huelga en aulas e institutos en contra de la sentencia convocada por el Sindicato de Estudiantes bajo el lema "No es abuso, es violación", instituciones como el Parlamento de Galicia han continuado mostrando su desacuerdo con el fallo.