Sucesos

Corredor de estafas y engaños

La Fiscalía Anticorrupción estima que el empresario Evaristo González cometió delitos al hacer dueño de un centro comercial al propietario de un local o cobrar el seguro tras un incendio intencionado en un espacio cerrado al público.
Noé Ramón
6/may/18 6:40 AM
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Corredor de estafas y engaños

P ese a las importantes acusaciones que rodearon en su momento al conocido como caso Corredor, en realidad este no se diferencia demasiado de otras estafas empresariales que cada cierto tiempo se enjuician en la Audiencia Provincial. El juicio que comienza mañana se basa en un sumario que es el resultado de ocho años de investigaciones, donde se relatan las andanzas del empresario y abogado lagunero Evaristo González Reyes. Junto a él se sentarán en el banquillo otras ocho personas, que básicamente son trabajadores de su bufete o que en su momento se vieron involucrados en unas actividades que la Fiscalía Anticorrupción pone bajo sospecha. A González Reyes se le atribuyen seis supuestos delitos de estafa y uno de presentación de testigos falsos, por los que se le solicitan 16 años de cárcel.

Una de las acusaciones se centra en la posible apropiación de los terrenos sobre los que se levanta un centro comercial y otra, en el presunto cobro de una indemnización de un seguro por incendio de un local de ocio.

También se plantea el posible impago de un coche de alta gama y de unas piezas de antigüedades, el presunto reintegro del precio de un billete de avión utilizando un parte médico fraudulento o la supuesta utilización de un testigo falso cuyo testimonio hizo que dos jóvenes acabaran en prisión.

Una vez que se iniciaron las investigaciones en 2010, dos años más tarde el empresario entró en la cárcel durante tres meses. El Ministerio Público apunta que, como abogado, inscribió a nombre de un cliente suyo la parcela de casi 5.000 metros cuadrados en la que hoy se levanta un complejo comercial, cuando en realidad solo le correspondía un local de 75 metros cuadrados.

El empresario, dedicado a los juegos de azar y la restauración, al parecer, obtuvo un poder de este cliente con el que llevó a cabo diversas gestiones, entre ellas la concesión de un crédito de más de dos millones de euros.

Un préstamo que, según la Fiscalía Anticorrupción, sabía de antemano que nunca iba a poder devolver. Para obtenerlo utilizó como garantía los terrenos de la gran superficie, que, en realidad, eran propiedad de otra empresa.

Con este fin se elaboró un contrato de arrendamiento ficticio por valor de 12.000 euros mensuales y se tasó la nave de la gran superficie en 4,1 millones.

La Fiscalía solicita un año de cárcel para cada una de las cuatro personas presuntamente implicadas en esta supuesta estafa. Otro de los asuntos investigados durante estos años se centra en el incendio a finales de 2009 de un bar de El Cuadrilátero, que funcionó como "after hour" (local de ocio nocturno que abre de madrugada y cierra mucho más tarde que la mayoría).

Para cobrar la indemnización, el empresario convenció a la aseguradora de que el fuego había sido fortuito, lo que se descarta por la Fiscalía. Pero lo cierto es que la compañía desembolsó 126.200 euros, cuya devolución se exigirá ahora, además de pedir otros cinco años de cárcel.

Evaristo González Reyes obtuvo esta elevada suma, aunque el bar no contaba ya con licencia municipal y carecía de actividad, según Anticorrupción. Pese a ello el dueño hizo creer a la aseguradora que funcionaba a pleno rendimiento, cuando lo cierto es que su intención era cerrar sus puertas. Otra ramificación del "caso Corredor" tiene que ver con la compra de un coche de alta gama a través de una empresa en la que ejerció como administrador único hasta finales de 2009. Tal y como salió a la luz a través de las escuchas telefónicas, González firmó una financiación para adquirir un vehículo de 51.000 euros. Pero el abogado presuntamente solo pagó las primeras cinco cuotas y dejó a deber algo más de 46.000, razón por la que la Fiscalía pide la devolución de esta cantidad a las cuatro personas involucradas y tres años de cárcel para cada una de ellas.

Las intervenciones telefónicas supuestamente permitieron conocer otros episodios de menor peso económico, pero que no dejan de ser llamativos. Por ejemplo, según el Ministerio Público, el empresario consiguió un parte falsificado de ingreso hospitalario de un primo suyo para que una agencia de viajes le devolviera los casi 900 euros que costaron los billetes a Atenas de este familiar y su esposa. El documento estaba firmado por un médico que por aquellas fechas estaba de vacaciones y las pruebas caligráficas descartaron además su autoría. Anticorrupción solicita dos años de cárcel, pero curiosamente la agencia no reclama la devolución del dinero.

En otra ocasión, Evaristo González Reyes se hizo pasar por experto en antigüedades ante dos vendedores que le confiaron un lote de piezas de marfil y objetos de oro y plata de gran valor para que las comprara. El empresario presuntamente se comprometió a pagar 400.000 euros, pero jamás entregó ni el dinero ni los objetos, según la Fiscalía.

Una tasación de la Agencia Tributaria fijó el valor de las piezas de marfil en apenas 29.000 euros frente a los 250.000 euros, que aseguró que iba a pagar. El coste del resto del lote se dará a conocer durante la vista, aunque González Reyes lo había fijado en 150.000 euros. En este caso la Fiscalía exige la devolución del valor real y una pena de dos años de cárcel por cada uno de los dos delitos de estafa.

Otra acusación que mantiene Anticorrupción contra el empresario y tres colaboradores tiene que ver con los supuestos delitos de falso testimonio y presentación de un testigo falso, a raíz de que aparecieran unas pintadas en las puertas de un garaje de la vivienda de una vecina de Tacoronte. Dos jóvenes fueron condenados basándose en los testimonios de una persona que el empresario y un compañero de despacho contrataron para que declarase bajo juramento haberlos visto mientras hacían las pintadas. A González y a otros dos acusados se les reclama un año de cárcel y al compañero del bufete, T.L.G., una pena de 20 meses y la inhabilitación durante dos años y medio.