Sucesos

Inmovilizadas 10 toneladas de almejas introducidas ilegalmente

Agentes de la Policía Nacional han localizado una veintena de viveros que habrían comprado este marisco para distribuirlo con documentación falsificada.
Efe, Huelva
26/mar/18 6:22 AM
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Agentes de la Policía Nacional han inmovilizado diez toneladas de almejas japónicas capturadas por furtivos en Portugal e introducidas ilegalmente en España, y ha localizado una veintena de viveros que habría comprado este marisco para distribuirlo con documentación falsificada.

La organización criminal, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, compraba las almejas a furtivos portugueses en torno a los 3 euros el kilo, para después venderlas a los viveros españoles a unos 7 euros el kilo, un precio que alcanzaba los 12 euros al llegar este producto al mercado español.

Los agentes han realizado 19 entradas y registros y 20 inspecciones administrativas en cuatro provincias, en una operación realizada en colaboración con la Policía Marítima de Portugal, Guarda Costas de Galicia, el Servicio Veterinario de la Xunta de Galicia, los servicios de inspección de pesca de Galicia, Cantabria y Huelva, y el Servicio de Vigilancia Aduanera de Guipúzcoa.

La investigación se remonta al año 2015, cuando se recibió a través de la Agregaduría de Interior de España en Portugal una comunicación de la Policía Marítima de Lisboa en la que indicaban la existencia de una organización criminal dedicada al marisqueo ilegal en zonas contaminadas de la costa portuguesa y que el destino de ese marisco era su venta ilícita en España con documentación falsa.

Los agentes, en comunicación con las autoridades lusas, identificaron a los transportistas que introducían el marisco de forma ilícita, así como algunos de los vehículos industriales utilizados, y localizaron a las empresas que estarían recibiendo la mercancía en España.

También localizaron una veintena de viveros de Huelva, Santander, Guipúzcoa y en Pontevedra que estarían "blanqueando" la entrada de almejas japónicas en España.

Tras conseguir una comisión rogatoria internacional se ha investigado a 20 personas jurídicas y a dos personas físicas por los delitos de falsedad documental, marisqueo ilegal, fraude fiscal y blanqueo de capitales.