Sociedad
VIOLENCIA DE GÉNERO

"Faltan policías que cubran las 24 horas y los fines de semana"

El fiscal delegado José Luis Sánchez-Jáuregui señala que la Policía Nacional y otros cuerpos tienen escasos efectivos, a pesar de que los agentes que hay son muy profesionales.
El Día, S/C de Tenerife
29/jul/18 6:21 AM
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"Faltan policías que cubran las 24 horas y los fines de semana"

El fiscal delegado de Violencia de Género en Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, manifiesta que "sí faltan policías" para atender este tipo de hechos delictivos. Señala que el problema afecta a la Policía Nacional y a otros cuerpos, como la Guardia Civil o las policías locales.

El representante del Ministerio Público advierte de que dicha carencia de recursos humanos "impide" que el grupo de la Unidad de Familia y Mujer "esté operativo las 24 horas al día o los fines de semana". Y advierte de que la atención a las víctimas "no es igual si la presta un grupo especializado que la Oficina de Denuncias".

Aclara que no se queja "del trabajo que desempeñan" los funcionarios asignados a dichas unidades en diferentes cuerpos, "ya que son muy profesionales y se desviven por las afectadas, sino de que son muy pocos".

En opinión de este fiscal, las plantillas para abordar este problema social están "infradotadas" y las instalaciones en las que desarrollan su labor no son las más adecuadas.

Sánchez-Jáuregui recuerda que ni en las sedes policiales ni en las judiciales de la capital tinerfeña se cumple el estatuto de las víctimas de la normativa aprobada en 2015, debido a la falta de medios. En el artículo 25 se establece que a las mujeres afectadas hay que recibirlas y tomarles declaración en dependencias especialmente adaptadas o concebidas para ello. Y ese trámite debe hacerse por personal que haya recibido formación específica, que sea la misma persona en varias ocasiones y del mismo sexo.

Asegura que en las sedes judiciales debería evitarse que los acusados y las afectadas utilicen las mismas entradas y salidas, o bien que coincidan en el mismo ascensor. Por ejemplo, en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife no hay un espacio exclusivo para las afectadas de violencia machista o, por ejemplo, para las víctimas de delitos contra la libertad sexual.

Esta circunstancia (la falta de espacios independizados) también ha sido criticada en Santa Cruz de Tenerife por los colectivos de jueces y fiscales. Este problema afecta también a los testigos.

Sobre el polémico asunto de "La Manada" (cinco hombres que obligaron a una joven a mantener relaciones sexuales en los Sanfermines), el fiscal opina que la sentencia dictada en la Audiencia Provincial de Navarra no tiene por qué ejercer sentimiento de impunidad para que se reproduzcan otros episodios similares. Sánchez-Jáuregui indica que no cree "en el efecto llamada" en estos casos. Aclara que, en el sentido contrario, por muchas condenas que se dicten con elevadas penas de prisión por casos de abusos o agresiones sexuales a menores de edad, no se reduce el número de casos. Y no recuerda que en Tenerife se haya producido un delito de similares características, al menos desde hace muchos años.

El fiscal delegado de Violencia de Género no es partidario de intentar establecer medios telemáticos más eficaces para controlar a los acusados de violencia machista. Indica que "esta es una isla pequeña, donde los medios telemáticos pueden ocasionar a la víctima serios contratiempos, por ejemplo, si vive al lado de una carretera o una autopista". Es decir, la pulsera electrónica se activa si el denunciado pasa por esa vía, aunque no tenga intención de acercarse a la afectada. Y hay muchas incidencias de este tipo, según Sánchez-Jáuregui. Únicamente el pasado jueves llegaron a la Fiscalía 22 hechos de esa naturaleza. Por eso comenta que ser proclive "a aplicar el artículo 57 del Código Penal", concretamente al apartado que refiere la prohibición de acercarse a determinados lugares, como un determinado barrio, un municipio o una isla, en el caso de que el presunto autor del delito no tenga su residencia o trabajo en esa misma localidad o territorio insular. Este representante del Ministerio Público indica que ese método se puede desarrollar y si el implicado vulnera dicha orden judicial de alejamiento, "no tiene excusa", porque expresamente ha sido informado de que no puede acceder a dicho territorio. El fiscal señala que la pulsera electrónica indica que el denunciado "entra en el radio de exclusión", que puede estar a 250 o 500 metros, "pero no si el individuo se está acercando a la mujer de forma consciente, o bien si es la víctima quien, inconscientemente, se aproxima al varón". Otra incidencia con dicha alarma puede producirse si el denunciado viaja en el tranvía y pasa por casualidad cerca de un lugar donde está la perjudicada. En estos momentos, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife están activadas 44 pulseras electrónicas, de las que 42 se hallan en Tenerife y las otras dos restantes, en La Palma. Indica que si ambas partes trabajan en la misma empresa, el alejamiento se trata de alcanzar mediante el cambio de turno o el traslado a otra sede de la sociedad si la hubiese.

Los hijos de las víctimas, los grandes olvidados

El fiscal delegado de Violencia de Género manifiesta que los hijos de las mujeres asesinadas por sus parejas han sido los grandes olvidados por parte de la administración, a la hora de articular medidas de apoyo sociales y económicas. José Luis Sánchez-Jáuregui recuerda que estos menores pierden a su madre y, con cierta frecuencia, si su padre biológico es el autor del asesinato, este pasará muchos años en un centro penitenciario.

La declaración de orfandad de los menores

El representante del Ministerio Público recuerda el caso de una niña cuya madre falleció en un episodio de violencia de género y cuyo padre fue acusado del delito. En aquel momento surgió el debate sobre si debía recibir una pensión o no. Y es que, según la legislación, esa menor había perdido a su madre en trágicas circunstancias, pero su progenitor seguía vivo, aunque estuviera en prisión provisional a la espera de juicio. Además, hasta que se firma la condena en firme, a dicho procesado no se le puede retirar la patria potestad sobre la pequeña. Sánchez-Jáuregui comenta que "hubo que hacer un encaje de bolillos para que se le pudiera otorgar una ayuda económica".

La aportación económica si es adoptada

Sobre el mismo caso de la niña cuya madre fue asesinada por su padre, el fiscal delegado de Violencia de Género señala que, pasados los años, una tía materna y el marido de esta decidieron adoptarla. Esa circunstancia, desde un punto estrictamente legal, suponía que ya la pequeña dejaba de ser huérfana y, por tanto, no tenía derecho a una ayuda económica de la administración. Sánchez-Jáuregui opina que, en este tipo de casos, los hijos sufren un episodio traumático en sus vidas y, por tanto, desde las administraciones públicas se debe mantener el apoyo económico y no se les debe privar del derecho a tener "otros padres" a costa de perder la pensión. El fiscal señala que este es un ejemplo de que la norma no está ajustada a este tipo de hechos.

Los juicios rápidos, en unos 15 días

Los juicios rápidos por casos de violencia de género se están celebrando en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en unos 15 días después de que se produzca la denuncia. El fiscal comenta que, durante las tres primeras semanas del presente mes, se han recibido 65 acusaciones de violencia de género en Tenerife, sin contar con las que se han tramitado en el partido judicial de Arona. Este es un ejemplo de que la violencia machista genera mucho trabajo policial y judicial.

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