Sociedad

La separación de poderes y la revisión del Código Penal

Efe, Madrid
30/abr/18 6:13 AM
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La sentencia que condenó a los cinco miembros de la "Manada" por un delito de abuso y no de agresión sexual sigue sumando reacciones, entre ellas la de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), que ve necesario revisar el modo en que se investigan y juzgan los delitos relacionados con la libertad sexual.

Para el colectivo de juezas, la interpretación de la Audiencia de Navarra, que el pasado jueves condenó a cada uno de los cinco acusados a nueve años de prisión por abusos sexuales y no por violación al excluir la existencia de intimidación, es la que ocasionó "desconcierto" y un "importante rechazo social". Y ello, añade AMJE, "abre una brecha entre la percepción social de este tipo de delitos y su interpretación jurídica".

En su opinión, la causa de esta quiebra se encuentra en la pervivencia de ciertos estereotipos ligados al género que, igual que afectan a la sociedad, también atraviesan la forma en que se aplican las normas jurídicas. "Se impone la integración de la perspectiva de género como antídoto y prevención frente a formas de actuar e ideas preconcebidas que ponen el foco y enjuician con mayor intensidad el comportamiento y actitudes de la víctima que la de los propios autores", defienden.

Las juezas abogan, no obstante, porque la confianza en la Justicia se construya tanto desde el respeto a las resoluciones como desde la crítica legítima.

Todas las asociaciones de jueces salieron al paso para defender a los magistrados del tribunal de los ataques desmedidos sufridos tras la sentencia que, en opinión de todas ellas, deslegitiman al Poder Judicial. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) acepta y entiende esas críticas, pero lamenta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) carezca de la figura de un portavoz que dé servicio a los ciudadanos, con mayor pedagogía en las sentencias y que explique en "lenguaje comprensible" el por qué de las mismas.

A su juicio, esta carencia es aprovechada por algunos políticos que, "de forma oportunista e incumpliendo el deber de lealtad entre poderes públicos" y su propio mandato constitucional, depositan toda la responsabilidad en el poder judicial y usan políticamente un hecho "triste y traumático" para una mujer.

"Más escandalosa" considera la AJFV la actitud del ministro de Justicia, Rafael Catalá, porque con sus declaraciones trata de subirse a la "tabla de salvación" de la sentencia mediática de la "Manada" para situarse frente al poder judicial, "al que ni comprende ni protege ni provee de medios".

Catalá aseguró anteayer que el Gobierno presentará "en semanas" al resto de partidos una primera propuesta de reforma del Código Penal en lo relativo a los delitos sexuales.

Por su parte, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, apostó por pasar "de la decepción" de la resolución judicial "a la acción", si bien pidió que se haga una "reflexión serena sobre las normas y leyes que nos rigen" y que se produzca "el mayor consenso posible porque la violencia contra la mujer debe de tener un castigo ejemplarizante hoy".

El portavoz de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, Ignacio González Vega, exigió "rigor" a los dirigentes políticos en sus manifestaciones sobre la sentencia del llamado caso La Manada y lamentó que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, "parece desconocer la separación de poderes", razón por la que la asociación pidió su dimisión. En referencia a las críticas recibidas por la resolución de la Audiencia de Navarra, insistió en que es "comprensible" que "sea sometida a la crítica ciudadana". No obstante, señaló que, en el caso de la clase política, hay que exigir "rigor" en sus valoraciones. "No se puede hacer demagogia", reivindicó.

Por su parte, el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, reclamó ayer la reforma "cuanto antes" del Código Penal, para que contemple la violación "aunque la víctima decida no enfrentarse a sus violadores ni defenderse".

Maroto urgió al Gobierno a abordar esta reforma tras unos días de "reflexión serena" sobre la sentencia. "Si nuestro Código Penal recoge como requisito imprescindible la violencia para acusar de violación y agresión a una persona, necesitamos hacer esa reforma", dijo.