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La Manada: cuando la sociedad desafía al sistema judicial

Las mujeres juristas critican duramente la interpretación que han hecho los jueces de la ley, pero no creen necesaria una reforma legal, como plantea Amnistía Internacional o el Gobierno.
S.E. (@sarayencinoso)
28/abr/18 6:27 AM
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L a sociedad no siempre está de acuerdo con la justicia, pero solo en contadas ocasiones las decisiones de los jueces son capaces de sacar a miles de personas a la calle en apenas unas horas. Eso ocurrió el jueves en toda España, cuando la Audiencia Provincial de Navarra hizo pública su sentencia sobre el caso de La Manada. Gran parte de la ciudadanía consideró que el veredicto suponía una nueva agresión hacia la víctima y hacia el resto de las mujeres. El debate, sin embargo, fue más allá del caso concreto y se amplió hasta todo el sistema judicial: ¿Hay una interpretación perversa de la ley o es necesario reformar el código penal?

La abogada Altamira Gonzalo, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis y presidenta del Consejo Asesor de Igualdad del Partido Socialista, no defiende un cambio legislativo. "En este país tenemos mucha tendencia a pensar que la solución a los problemas siempre pasa por un cambio de ley. Todo es revisable, por supuesto, pero las leyes solas no cambian la realidad social, que es muy tozuda: se cambia, sobre todo, con la educación".

En su opinión, la "decepción" que ella y gran parte de la sociedad española sintieron al conocer la pena de 9 años impuesta a los cinco acusados de violar a una joven en los Sanfermines no tiene que ver con los tipos penales, sino con "la interpretación" que se ha hecho de la ley, al considerar abuso y no agresión sexual lo ocurrido en aquel portal en 2016. "La diferencia entre abuso y agresión es que exista intimidación o violencia. Y no estamos para nada de acuerdo con que se considere prevalencia (que los acusados se aprovecharon de su superioridad para coartar la libertad de la víctima), porque hay un acto de intimidación total". Lo ocurrido "es constitutivo de varias violaciones".

Insiste en que queda en evidencia en el vídeo y en los hechos probados que recoge la sentencia, donde se puede leer, literalmente, que en los dos últimos vídeos "la denunciante está agazapada, acorralada contra la pared por dos de los procesados y gritando; estas imágenes evidencian que la denunciante estaba atemorizada y sometida de esta forma a la voluntad de los procesados". Por mucha "ingeniería jurídica" que se haga, "es imposible entender esta sentencia".

Amnistía Internacional, con motivo del primer fallo sobre el caso -la Fiscalía ya ha anunciando que recurrirá-, ha hecho un análisis comparando distintas legislaciones. De 33 países europeos analizados, solo nueve reconocen que el sexo sin consentimiento es violencia (en España se denomina agresión sexual). La ONG que trabaja en defensa de los derechos humanos en todo el mundo advierte de que "la ausencia de reconocimiento legal de que las relaciones sexuales sin consentimiento constituyen violación fomenta la idea de que recae en las mujeres la responsabilidad de protegernos de la violación. Estas actitudes son peligrosas y tienen que cambiar".

Sea el sistema o la forma de interpretarlo, los movimientos feministas, que en las redes sociales se han canalizado a través del #Metoo, del #Yotecreo o del #NoEsNo, han llegado para quedarse. El feminismo tomó las calles el 8 de marzo, las tomó el jueves otra vez y las volverá a tomar mientras sienta que la igualdad sigue lejos de ser una realidad.

Entre abuso sexual a agresión sexual hay una diferencia de diez años de cárcel y, muchas veces, "un gran problema de sesgo de género". La condena a La Manada ha abierto también el debate sobre el sistema de selección de jueces en España. Altamira Gonzalo, que ha ejercido como abogada de familia, es muy clara al respecto: "Con frecuencia nos encontramos con jueces que no entienden a las mujeres, que no tienen empatía hacia ellas y que no las creen particularmente cuando denuncian cuestiones de violencia de género o violencia sexual".

A juicio de la asociación de la que es vicepresidenta, y que representa a abogadas, juezas y procuradoras y secretarias judiciales de España, "la manera de acceder a ser jueces no garantiza que se tenga una forma democrática de pensar".

El modelo es "memorístico" y "está bien que se dé formación, pero estamos viendo en la práctica que eso no garantiza hacer una aplicación de las leyes que no tenga sesgo de género".

El problema es que "se lleva muchos años formando a los jueces y a las juezas" sobre este tema, "explicando que las mujeres son personas iguales y que tienen igualdad de derechos".

Eso, que en realidad "ya lo dice la Constitución de 1978", significa que "no debería haber brecha salarial o agresiones sexuales, pero no es lo que ocurre". En definitiva, "se está haciendo formación, pero no se está llegando bien".

Este no es el primer ejemplo ni el último. Uno de ellos, la reciente la condena a cuatro años de prisión a un hombre que abusó de la nieta de su pareja mientras dormía. "Son interpretaciones muy forzadas de las leyes y que repugnan al sentido común".

Cambiar el código penal

El Gobierno central anunció ayer que revisará el Código Penal, de 1995. En las Islas, Coalición Canaria también se manifestó a favor.

El voto particular

La vicepresidenta de Themis, Altamira Gonzalo, manifestó su profunda tristeza porque haya jueces en activo como el que emitió un voto particular para pedir la absolución.

Un millón de firmas

Una petición impulsada en Change.org para inhabilitar a los magistrados alcanzó en solo un día un millón de firmas.

Defensa del sistema

Los representantes de las cuatro asociaciones de jueces de España ven desproporcionada la respuesta contra la sentencia. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, defendió que los magistrados actuaron conforme a la jurisprudencia.

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