Sociedad
LO ÚLTIMO:
foto del aviso
Detienen a un hombre en Tenerife que estaba bajo orden europea de detención y entrega leer

Abogados piden no tratar "en caliente" un asunto tan delicado

La mayoría de letrados consultados califican de "terrible" lo ocurrido al niño Gabriel o a Diana Quer, pero advierten de que la actual medida vulnera el principio de reinserción.
P.F., S/C de Tenerife
18/mar/18 6:24 AM
Edición impresa

El mantenimiento o la derogación de la medida judicial de la prisión permanente revisable para delitos muy graves ha generado un intenso debate social y político. Y esta confrontación de ideas se ha visto intensificada con diversos sucesos trágicos de actualidad, como el caso del asesinato del niño Gabriel en Almería o la desaparición y muerte de la joven Diana Quer en Galicia. Esta es la medida máxima de privación de la libertad en España. Se aprobó en el Congreso en marzo de 2015 por el PP. Supone que una persona pueda ser encarcelada de por vida, aunque la condena se revisará tras el cumplimiento de una parte significativa de la misma. Está concebida para episodios excepcionales, como asesinatos muy graves, terrorismo, homicidio del jefe del Estado o su heredera, mandatarios extranjeros, genocidio o crímenes de lesa humanidad.

El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Niederleytner, afirma, en un primer momento, que "no lo tengo claro, por la existencia de dos sentimientos contrapuestos". Pero, inmediatamente, asegura que el artículo 25.2 de la Constitución defiende el objetivo de reinserción social de los presos.

Niederleytner, que ejerció de letrado de la familia por el asesinato de Isabel Canino en Tenerife, insiste en que este es un asunto muy delicado, "pero no se debe tratar en caliente".

De hecho, recuerda que hay un recurso de inconstitucionalidad promovido por el PSOE para que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Este profesional advierte de que, con casos como el del niño Gabriel, "estamos todos afectados, pero no es bueno hacer las cosas sin una reflexión serena, honda y jurídica".

El abogado Avelino Míguez opina que "hay que ir analizando caso a caso". Señala que "no tengo una opinión formada sobre la prisión permanente revisable, porque nunca se me ha dado el caso" y solo lleva tres años en vigor.

Míguez dice que todavía "no sabemos si realmente es efectiva o no" para prevenir los delitos muy graves a los que se refiere. Indica que en Estados Unidos existe la cadena perpetua o la pena de muerte en algunos territorios y por ello no deja de haber sucesos gravísimos. Para este letrado, "con las penas que teníamos" antes de marzo de 2015, "ya estaba bien".

Apuesta por "ir caso por caso y determinar cuáles son los hechos probados de cada procedimiento". Manifiesta que "lo que debe prevalecer es si las condenas son eficaces para disuadir a quienes van a cometer un delito". En ese aspecto, apuesta por no "actuar en caliente".

Otro abogado y exdecano del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Víctor Medina y Fernández Aceytuno, se muestra claramente "en contra".

Asegura que dicha medida de privación de libertad "no cabe dentro del marco constitucional, por más que lo fácil y cómodo sea estar a favor", después de casos ya citados y que han tenido amplia repercusión mediática.

Al igual que otros letrados, Víctor Medina cree que es conveniente separarse de la actualidad a la hora de legislar sobre una materia de estas características.

El exdecano indica que esa Ley "no me parece adecuada y va contra el principio rehabilitador que nos hemos dado en la Constitución de 1978".

El letrado y doctor en Derecho Andrés Martín sí está a favor de la prisión permanente revisable, con la que, según dice, España se equipara a la mayoría de la legislación europea.

Estima que "hay determinados supuestos en los que, por razones de prevención general, hay que establecer penas más duras".

Plantea que esta medida de privación de libertad puede servir de seria advertencia para aquellas personas que piensen cometer un delito muy grave.

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, señaló el pasado viernes en declaraciones a los medios de comunicación que el colectivo que representa, "de una forma mayoritaria, es contrario a la ampliación de la prisión permanente revisable", pues es "contraria a la finalidad propia de la pena" y "tampoco consigue bajar la criminalidad". No obstante, Victoria Ortega, quien reconoció que la Abogacía ya se pronunció en el momento que se aprobó este tipo de condena y que "se ha vuelto a pronunciar ahora", insistió en el "máximo respeto" del Consejo General para los que opinan en sentido contrario y, "fundamentalmente", para las víctimas y sus familias. En este último caso, dijo que "es comprensible que tengan una idea contraria", en referencia a la postura defendida por este órgano de abogados en España.