Santa Cruz de Tenerife
LO ÚLTIMO:
foto del aviso
Hacienda confirma que estudia bajar Sociedades al 23% a las micropymes leer

El ayuntamiento reorganizará la estructura y protocolos del IMAS

La iniciativa quedó minimizada por una bronca dialéctica entre el responsable del área, Óscar García (PP), y José Ángel Martín (PSOE) a cuenta del desahucio de Tamara González.
El Día, S/C de Tenerife
13/jul/18 6:04 AM
Edición impresa

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reorganizará la estructura y procedimientos del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) en base a los efectos discutibles de los servicios que se desarrollan a los usuarios, más de 19.000 familias santacruceras a las que se les presta apoyo. Así lo adelantó el concejal de Atención Social, Óscar García (PP), en el transcurso de su comparencia ante la Comisión de Control, que trató un total de 19 asuntos, para explicar la situación en la que se encuentran las Unidades de Trabajo Social a propuesta de la edil de SSP Asun Frías.

En este caso, este anuncio se hizo en base al reconocimiento del desborde existente entre los trabajadores del área para sacar el trabajo y la falta de personal existente a pesar de ser un organismo en el que se han incrementado permanentemente los recursos.

La medida tuvo buena acogida por parte de los intervinientes, aunque se reclamó a García mejoras de otro tipo en las áreas y detalles como solucionar los problemas existentes sobre la atención telefónica y el cierre de las listas de cita previa, añadió Frías en un momento dado con el apoyo de Evelyn Afonso (Cs).

En este punto, José Ángel Martín (PSOE) propuso una reorganización de las UTS y sus sistemas de actuación y su adaptación a la nueva era tecnológica, una idea que ya tenía en cartera el ayuntamiento merced a una información previa difundida respecto a este asunto. No obstante, la iniciativa desvelada por Óscar García pareció haber pasado desapercibida en el transcurso de su alocución.

Sobre todo ello, y teniendo conocimiento de las dificultades de asistencia y atención existentes, los intervinientes apostaron por encontrar fórmulas para la mejora integral de los servicios que se prestan desde el IMAS, entre ellas (y nombradas por todos) el incremento de personal, la base del desarrollo de las políticas, añadieron.

Pero esta importante novedad quedó minimizada por el extraordinario enfrentamiento dialéctico protagonizado entre el propio García y Martín (PSOE) a cuenta del desahucio producido el pasado día 3, en la calle Juan Rodríguez Santos, en Ofra, en el que se hizo efectivo el desalojo de Tamara González y sus tres hijos.

Tanto fue así que, en un momento dado, el presidente de la comisión de ayer, José Carlos Acha (PP), tuvo que llamar al orden por el elevado tono empleado en una discusión que se inició tras una réplica del primero ante las críticas del segundo y la edil Asun Frías en relación a la gestión del desahucio.

Sobre este caso, el socialista acusó al ayuntamiento de "haber dejado sola" a la afectada, de no haberle dejado un lugar adecuado para guardar sus pertenencias y que solo la intervención de Pedro Fernández Arcila (SSP) permitió demorar el alzamiento tras una negociación con el representante de la entidad bancaria que reclamaba la propiedad para permitir que las cosas de Tamara fueran trasladadas.

Fue el momento en el que los registros cambiaron por completo en la sala. Ahí apareció la figura vehemente de Óscar García a viva voz asegurando que a la mujer se le había facilitado "un recurso habitacional desde el día 29 de junio"; que durante todo el proceso "siempre ha contado con la ayuda personalizada de los servicios de Atención Social"; y que había sido "bochornoso" que Martín, Frías, Fernández Arcila y Ramón Trujillo (IU) estuvieran presentes ese día buscando la foto "después de haberle dado una solución habitacional a Tamara y sus hijos".

"Ha hecho un uso bochornoso de la vulnerabilidad de una familia. ¿Dónde estaban ustedes cuando se produjeron los otros desahucios?", preguntó García a Martín visiblemente enfadado, acusándole de haber tirado de "demagogia" y defendiendo la actuación de su área. Fue el instante en el que las voces de Martín y Frías se alzaron sin control alguno y aquello pareció un gallinero. Solo la intervención enérgica de Acha evitó un espectáculo mayor, aunque este será recordado en el tiempo, sin duda, por la tremenda agresividad vivida.

Los interinos piden soluciones a su situación ante las oposiciones

Los representantes de los 300 empleados públicos interinos pidieron ayer soluciones ante la convocatorias públicas de empleo. La oposición pidió un trato de favor para que puedan concurrir en igualdad de condiciones, incluyendo los méritos como base de las convocatorias. El edil de Recursos Humanos, Juan José Martínez, dijo que apoyaba todas las medidas incluidas en la ley, añadiendo que se hará una formación especial para que los interinos puedan concurrir con garantías./ jesús adán

Santa Cruz Verde 2030

El concejal de Cs, Enrique Rosales, pidió la comparecencia del edil de Urbanismo, Carlos Tarife (PP), a cuenta de los trabajos planificados en el proyecto Santa Cruz Verde 2030. Rosales dijo que el acuerdo sobre los terrenos de la Refinería era positivo, aunque reclamó "rigor" en las estrategias. En la misma línea, Fernández Arcila (SSP) acusó al ayuntamiento de ser permisivo por otorgarle a Cepsa un aprovechamiento urbanístico desmedido, mientras que Martín (PSOE) advirtió sobre la posición del Estado por ser la Refinería una infraestructura con actividad estratégica. Tarife defendió el plan apuntando que se trata de un acuerdo histórico sobre un lugar ganado para la ciudad y en el que se trabajará en no cometer errores del pasado (Cabo Llanos) .

El Templo Masónico

Pedro Fernández Arcila (SSP) preguntó sobre los avances producidos para concretar la rehabilitación del Templo Masónico. En este caso, la edil de Patrimonio, Yolanda Moliné, aseguró que tras desavenencias producidas en el procedimiento de licitación entre el comité técnico de expertos y la propia mesa de contratación llevaron al desistimiento de la licitación. Todo ello concluyó en septiembre de 2017 en la anulación del procedimiento, que fue recurrido por dos de los licitadores, y explicó que en este momento se trabaja en los nuevos pliegos, que incluyen la redacción del proyecto y la dirección de obra.