Santa Cruz de Tenerife

Un estudio de movilidad dirá si es viable la Ciudad de la Justicia

Urbanismo considera necesario un "análisis profundo" sobre la movilidad, disposición y capacidad económica de la ubicación de los edificios en las parcelas docente y de DISA.
O.G., S/C de Tenerife
5/abr/18 5:58 AM
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Un estudio de movilidad dirá si es viable la Ciudad de la Justicia

La Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz ha solicitado a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias un "análisis profundo" de la movilidad, como condición previa a la autorización de los cambios urbanísticos necesarios para que la nueva Ciudad de la Justicia ocupe las tres parcelas que pretende el departamento regional en la zona de Cabo Llanos: la de uso docente, la que es propiedad de DISA y la que ya pertenece a Justicia (triangular).

Esa es una de las conclusiones del informe que, elaborado por Urbanismo, da respuesta a la solicitud que había formulado la Consejería regional, el pasado mes de diciembre, sobre aspectos como la viabilidad jurídica de las modificaciones del planeamiento necesarias, los plazos de ejecución de esos cambios, los costes económicos, posibles recursos y reclamaciones de terceros y la afectación de los viarios y de la movilidad en la zona.

"Este debiera ser el primer paso que dar antes de tomar una decisión firme sobre la solución a adoptar", aclara Urbanismo.

Precisamente, el documento de la Gerencia, al que tuvo acceso ayer este periódico, condiciona esas modificaciones del planeamiento a que exista la disposición y capacidad económica suficiente para poder hacer frente a todos los cambios y obras que sean necesarios ejecutar.

Carlos Tarife, concejal de Urbanismo de Santa Cruz, recordó ayer que ya existe un estudio de movilidad, pero sobre la ubicación inicial de la Ciudad de la Justicia, en la parcela propiedad del Ejecutivo en la que se planteaba un edificio de 25 plantas de altura. "Pero no existe sobre esta nueva localización", precisó.

El edil avanzó que si el nuevo estudio propuesto "viene positivo" y considera aceptable la implantación del Palacio de la Justicia con el modelo de edificación que pretenden hacer, "el Ayuntamiento de Santa Cruz no tendría ningún problema".

"Con ese asunto despejado, el promotor del expediente, esto es, la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias, podría, mediante la figura del artículo 123 de la Ley del Suelo, declarar el proyecto de interés regional, que lo tiene, y, a partir de ahí, ponernos plazos", añadió el edil. Eso sí, si el estudio de movilidad "dijera lo contrario", habría que buscar alternativas, advirtió Tarife.

El concejal de Urbanismo remarcó que una de las arterias principales de la ciudad es la entrada marítima, TF-4, que ahora mismo soporta el tráfico de entrada y salida, además del portuario. "Existe una vieja promesa de soterrar ese tráfico, y esa sería una obra muy positiva para la movilidad de toda la zona de Cabo Llanos", puntualizó.

Fuentes de Presidencia y Justicia consultadas ayer confirmaron que el estudio sugerido por la Gerencia de Urbanismo se está haciendo desde principios de marzo, encargado por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.

La previsión, según estas fuentes, es que esta muestra esté finalizada antes de que acabe el mes de mayo.

El estudio costará alrededor de 17.000 euros y será elaborado por Trazas Ingenierías S.L., una empresa que ya ha trabajado para el Ayuntamiento de la capital en asuntos como el Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

Carlos Tarife insistió en que el ayuntamiento ha mostrado "desde el minuto uno" colaboración máxima con el Gobierno de Canarias, por tanto, "si nos devuelven la parcela municipal que está destinada a centro educativo en otra ubicación cercana, habría acuerdo". En concreto, la parcela en cuestión que pasaría a ser propiedad municipal sería la que está detrás las Torres.