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La Casa Siliuto estaba en el Plan de Sedes de Santa Cruz desde 2001

La segunda sesión del juicio aclaró, en parte, la incógnita sobre la decisión de adquirir el edificio para destinarlo, en principio, a "sede de sedes" de las Casas de la Juventud a nivel insular.
José D. Méndez, S/C de Tenerife
13/jul/17 6:11 AM
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La Casa Siliuto estaba en el Plan de Sedes de Santa Cruz desde 2001

"Hoy (ayer) se ha despejado la incógnita de quien tomó la decisión de comprar. Formaba parte de una estrategia municipal sobre las nuevas sedes del Ayuntamiento de Santa Cruz". Así se expresaba uno de los juristas en el denominado caso Siliuto, que ayer vivió la segunda jornada del juicio oral. La compra del inmueble estaba en el Plan de Sedes desde al menos 2001, año anterior a la entrada en la Gerencia del arquitecto Fermín García, que heredó su gestión.

Lo declaró ayer García, que, además, desveló que su adquisición estaba destinada a "sede de sedes" de las Casas de la Juventud a nivel insular -la del municipio iría al Suroeste-. Eso, tras reunirse con el Cabildo, junto al entonces concejal de Juventud, Jeremías Rivero.

Los ejes del debate volvieron a ser la operación de compraventa y el pago de la plusvalía. Sobre esta última, fuentes judiciales indicaron que "algo ocurrió en la notaría cuando acudió a firmar Norberto Plasencia para cambiar lo acordado en el Consejo Rector y que el impuesto no lo pagaran los vendedores, los hermanos Siliuto". La trabajadora que tramitó el expediente, Erminda de Vera, declaró ignorar quién o por qué cambió la cláusula y dejó claro que no es su letra la que aparece en las notas manuscritas de un borrador con la nueva condición.

La Hacienda municipal abrió en 2004 una inspección a los hermanos Siliuto para liquidar los casi 12.000 euros del impuesto, que ya incluía un recargo. Así lo manifestaron el entonces Jefe de la Unidad que se ocupaba de las plusvalías, Ignacio González, y el inspector que abrió el expediente, Jorge Soria. Esa liquidación fue anulada por un decreto del entonces concejal de Hacienda, Guillermo Núñez, quien testificó que no recuerda "nada" y que el pago de la plusvalía es "indisponible" entre las partes.

La compraventa se aprobó en el Consejo de la Gerencia del 3 de diciembre de 2002. Quienes estuvieron allí no recuerdan nada concreto sobre el Caso ni la Casa. Alguno llegó hasta a dudar de su presencia aunque "debe ser que sí porque mi firma está en el acta". Casi todos reconocieron que no leyeron la propuesta de resolución pese a que, como argumentó Pérez Ventura, "no eran más que dos folios". El fiscal incidió de nuevo en la formación académica y los testigos apelaron a "todos los informes favorables".

Así lo confirmaron Basilio Franco y Juan Antonio Rodríguez, de CC, María José Gutiérrez Pajarón, del PP -por mucho que lo ha intentado no recuerda nada- José Luis Martín (PSOE), que planteo el asunto como "menor", o Jaime Sáez, quien empezó con el PP y luego pasó al grupo mixto y al gobierno.

L a jueza demostró de nuevo que no va a dejar pasar una. Ni a los letrados ni a los testigos. Al exconcejal Antonio Rodríguez le espetó ayer "el juicio lo dirijo yo" cuando recriminó al abogado de la acusación particular con un "vaya al tema". Ni un solo gesto contrario al orden establecido.

Exactamente igual de "políticamente correcto" que los testimonios. De caras absolutamente nuevas como las de los funcionarios y de otras conocidas, pero a las que el paso del tiempo ha cambiado mucho. Entre ellas los concejales, del gobierno y de la oposición, que aquel ya lejano 3 de diciembre de 2002 votaron a favor de la compraventa de la Casa Siliuto.

Salvo excepciones, como la del arquitecto municipal Fermín García, volvió a producirse un episodio de "amnesia generalizada" entre la mayoría de los once testigos llamados ayer.

O no se acuerdan o se enteraron "por la prensa" de lo que aprobaron en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Fue el caso de los entonces ediles del grupo de gobierno Basilio Franco y Antonio Rodríguez o de los que estaban en la oposición, Jaime Sáez, María José Gutiérrez Pajarón o José Luis Martín. Fueron caras muy conocidas pero hoy están muy cambiadas.

Otras cartas, las de los funcionarios, se hicieron visibles por primera vez ayer. Las de Ignacio González, Jorge Soria, Erminda de Vera o el ya jubilado Antonio Arimany que hizo el primer informe sobre la casa en los años noventa del siglo pasado.

Tampoco se acordaba de mucho el que era concejal de Hacienda en 2003, Guillermo Núñez, respecto a un decreto firmado por él mismo. Amnesia.

Vídeoconferencia

Ana Zurita, arquitecta entonces de la Gerencia de Urbanismo y hoy diputada nacional del PP, declarará hoy para abrir la tercera jornada a través de vídeo conferencia desde la Audiencia Provincial de Madrid. Su nombre ha aparecido en varias ocasiones porque ya en 1998 hizo un informe favorable a la necesidad de adquirir la Casa Siliuto para futura Casa de la Juventud. Después testificarán los peritos y, finalmente, los letrados harán sus conclusiones. El próximo miércoles se desgranarán los informes de los abogados. En esas conclusiones, mantendrán o no las penas solicitadas. Como acusados están los exconcejales Manuel Parejo y Norberto Plasencia y el exsecretario delegado de la Gerencia Víctor Reyes. La fiscalía, que no acusa a Parejo, pide para Plasencia diez años de cárcel por prevaricación y malversación de caudales públicos, y siete para Reyes por malversación. La acusación particular que representa IUC pide 16 años a Plasencia, los mismos que para Reyes, y ocho a Parejo, en los tres casos por malversación de caudales públicos.