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García Cabrera: una herida de 8 años

Las supuestas irregularidades en la conversión del antiguo instituto de Ofra en oficinas municipales llegaron a la vía judicial después de que en el ámbito administrativo "se minimizara" con una fallida comisión de investigación.
J.D.Méndez, S/C de Tenerife
24/jun/14 0:52 AM
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La historia del llamado caso García Cabrera se remonta a ocho años atrás, cuando en mayo de 2006 la entonces concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz del grupo mixto, Odalys Padrón, denunciaba públicamente supuestas irregularidades en el proceso de rehabilitación del instituto Hermanos García Cabrera, de Ofra.

El origen de todo estuvo en un informe, o mejor dicho dos, emitidos por los servicios jurídicos municipales el mismo día, 30 de diciembre de 2005, pero absolutamente contrapuestos. Uno definía los trabajos de remodelación como " obra menor" y el otro, todo lo contrario porque no podían encuadrarse como "pequeña reforma". Ambos se reproducen en esta página junto a una imagen de hace unos días del antiguo IES de Ofra, hoy sede municipal.

La ejecución de las obras se hizo sin expediente de contratación, sin proyecto previo ni estudios técnicos que permitieran hacer una evaluación de su coste. Además, fueron ejecutadas "a dedo" por la empresa Instalaciones, Montajes Eléctricos y Saneamiento (IMES y luego, desde abril de 2007, IMES-API), encargada en aquella época del mantenimiento de los edificios municipales, y la Intervención reparó todos los pagos a la misma, reparos levantados "de forma conscientemente ilegal por decreto del entonces alcalde, Miguel Zerolo, previo informe del funcionario también acusado, Joaquín Castro Brunetto", según el auto del magistrado del Supremo, Luciano Varela. Así, unas obras que se consideraron inicialmente "menores" acabaron costando más de siete millones de euros.

Para cobrar por los trabajos iniciales, IMES presentó, en diciembre de 2005, dos facturas: una por importe de 154.238 euros y otra por 217.389 euros. Ese mismo mes, el director general de la oficina de Coordinación, Participación Ciudadana y Servicios Desconcentrados, Joaquín Castro, proponía el pago de las dos facturas y, poco después, el concejal responsable del área, Guillermo Núñez, firmaba el decreto para que fueran abonadas. El 30 diciembre, la Intervención emitía un informe desfavorable sobre esos pagos.

Ante los reparos de la Intervención, Núñez le habría pedido a Castro que se hiciera con un informe contradictorio de la asesoría jurídica. Ese mismo día 30, los servicios jurídicos municipales presentaban un informe a favor de los pagos. Y también ese día tantas veces repetido, el 30 de diciembre, Zerolo firmó un decreto para levantar el reparo y se autorizaron los pagos.

La primera comisión de investigación fue la del García Cabrera. Se cerró en falso, pero de este hilo inicial, que continuó hasta 2008, ha tirado el juez Varela -el mismo que llevó el caso de Emmasa- para montar el ovillo de la acusación en el Tribunal Supremo.