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El juicio por Los Tarajales será el 3-N, con el alcalde encausado

V.M., Tazacorte
18/jun/17 6:20 AM
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El alcalde bañate, Ángel Pablo Rodríguez./El Día

El Juzgado de lo Penal número 7, con sede en Santa Cruz de La Palma, ha notificado a las partes que el juicio oral por el denominado caso Los Tarajales comenzará a celebrarse el próximo día 2 de noviembre a las ocho de la mañana, con sesiones que se celebrarán en la sala de vistas del Juzgado número 1 de Los Llanos de Aridane.

Están encausados en esta causa el alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez, y parte del que fue su grupo de gobierno cuando se permitió la construcción dentro de los límites de Costas del edificio Balcón del Puerto, situado en la avenida El Emigrante número 10 de El Puerto, en concreto el ex primer teniente de alcalde, Juan Miguel Rodríguez Acosta, y Francisco Pérez Acosta, Roberto Pérez Lorenzo y José Martín Castillo, concejales en aquel momento de Unión Bagañeta-Coalición Canaria, además del arquitecto municipal, Rosendo Luis Brito, por un presunto delito contra la ordenación del territorio en la modalidad de prevaricación urbanística.

En la notificación remitida a las partes, se advierte de que debido al volumen de las actuaciones, con 22 tomos en el período de instrucción y un elevado número de personas que deberán testificar, "se prevé para la continuación de la vista señalada los días 3, 6, 7 y 8 de noviembre de 2017". De la misma forma, se requiere a la representación de Isla Bonita Tazacorte S.L. e Inversiones Insulares Cock S.L.U., como acusación, la aportación de copias de diferentes sentencias a las que hace referencia en sus escritos.

Hay que destacar que el fiscal, en la calificación de los hechos, pide un máximo de 18 meses de prisión y 10 años de inhabilitación para el alcalde. La acusación particular amplía las penas. En concreto, para Ángel Pablo Rodríguez reclama cuatro años de cárcel.

En el juicio también se determinará qué ocurrirá con el edificio objeto de litigio, Balcón del Puerto, entendiendo el fiscal que procede acordar su demolición, siempre con cargo a los acusados o por el propio Ayuntamiento de Tazacorte como responsable subsidiario, "atendiendo a la condición de los acusados de autoridades o funcionarios de la entidad local".

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