Nacional
LO ÚLTIMO:
El hombre que echó ácido a su exnovia viajó de Italia a Tenerife solo para agredirla leer

El Supremo archiva la denuncia de Torrent contra Llarena

Los magistrados explican que tenía que haber presentado una querella
Madrid, Europa Press
19/jun/18 11:09 AM
eldia.es
Roger Torrent./EUROPA PRESS

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha archivado la denuncia del presidente del Parlament, Roger Torrent, contra el juez Pablo Llarena, que instruye los hechos relacionados con el denominado 'procés', y contra otros magistrados de dicha Sala, a los que atribuía los presuntos delitos de prevaricación y detención ilegal, al no cumplir el requisito de que tenía que haberse presentado una querella.

Los magistrados Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo y Antonio Del Moral explican en una providencia que esta actuación formulada por Torrent no cumple el requisito de "procedibilidad" exigido en el artículo 406 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) "al haber sido presentada denuncia y no querella". Por tanto, acuerdan su archivo, sin perjuicio de que el presidente de la cámara parlamentaria catalana utilice su derecho a interponer una querella.

El presidente del Parlamento de Cataluña formuló el pasado 15 de junio una denuncia contra el juez Pablo Llarena y contra los magistrados de la Sala de apelaciones Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro --que estudian los recursos interpuestos contra las decisiones del instructor-- por los presuntos delitos de prevaricación judicial y detención ilegal.

ARGUMENTOS DE LA DENUNCIA

La denuncia sostenía que mantener en prisión preventiva a líderes independentistas procesados en esta causa, alguno de ellos diputados, supone la comisión de delitos contra los derechos fundamentales, recordando que los parlamentarios gozan de inmunidad, por lo que deberían haber sido liberados al ser elegidos el 21-D.

Consideraba Torrent que mantenerles privados de libertad es un "ataque contra la división de poderes, el autogobierno y la autonomía parlamentaria" ya que el Parlament tiene autonomía organizativa e inviolabilidad en el ejercicio de sus funciones, entre las que está investir al presidente de la Generalitat sin interferencias de ningún otro órgano.

La denuncia argumentaba que los magistrados del Supremo estaban alterando con sus decisiones "la garantía de imparcialidad e independencia judicial como paso previo a irrogar un tratamiento judicial desfavorable para con los diputados del Parlament", vulnerando sus derechos procesales y fundamentales con planteamientos extraprocesales.

Además atribuyó a estos magistrados la "sistemática y reiterada infracción de los principios de objetividad y de imparcialidad" que deberán instruir y juzgar un procedimiento con evidente repercusión y raigambre política.