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Los excargos acusados del caso ERE se escudan tras Empleo, Intervención y el Parlamento

Por Laura Blanco, Sevilla, EFE
21/abr/18 11:05 AM
eldia.es
Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves (i) y José Antonio Griñán, en la sala del juicio del caso ERE./Raúl Caro Cadenas (EFE)

La Dirección de Trabajo de la Consejería de Empleo, porque era quien gestionaba las ayudas, la Intervención que nunca alertó de ilegalidades, y el Parlamento porque a través del presupuesto conocía cuánto y cómo se pagaban, han servido de escudo a los 22 excargos de la Junta juzgados en el caso ERE.

En el banquillo se sientan ocho excargos de la Consejería de Empleo (que daba las ayudas), cuatro de Innovación y su empresa pública IFA/IDEA (organismo que las pagaba con fondos que Empleo le hacía llegar mediante transferencias de financiación) y cinco de Hacienda (responsable de los Presupuestos y a la que está adscrita la Intervención).

También dos expresidentes (Manuel Chaves y José Antonio Griñán), un exconsejero de Presidencia (Gaspar Zarrías), el exinterventor general (Manuel Gómez) y el exjefe del Gabinete Jurídico (Francisco del Río).

Ante el tribunal que les juzga por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que durante una década se repartieron 850 millones en ayudas sociolaborales de forma arbitraria y eludiendo los controles -según la Fiscalía-, han usado como cortafuegos que en un Gobierno cada cual tiene sus competencias y rige el "principio de confianza" de que todos actúan legalmente.

"No puedo aceptar", "me cuesta creer" o "es imposible" han sido expresiones de Chaves o los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández para cuestionar un complot en la Junta destinado al fraude, e incluso han señalado que les "duele" que se piense así.

"¿Cómo se hacía? ¿Había una contraseña para entrar en el club?", ironizó el viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román.

A mayor rango jerárquico, menos conocimiento han dicho tener de los múltiples detalles y escritos intercambiados por los que los fiscales Anticorrupción les han preguntado.

Un consejero o un presidente no puede "descender a ese nivel de detalle" o dedicar su tiempo a "leer" memorias e informes de los órganos de control, han alegado molestos.

Unos informes en los que la Intervención nunca alertó, y esa ha sido otra de las grandes líneas de defensa, de "ilegalidad" o "menoscabo de fondos públicos", algo admitido por el propio exinterventor acusado, quien en el juicio ha minimizado la importancia de las deficiencias que plasmó año tras año.

En la fase de instrucción defendió que eran suficientemente importantes pero nadie le hizo caso y así lo dijo en el Supremo en una declaración que ha ratificado.

Quién leyó esos informes es uno de los grandes misterios del juicio pues aunque iban dirigidos a los consejeros de Hacienda, Empleo e Innovación, ni ellos ni sus viceconsejeros los tuvieron en sus manos, han declarado, justificándolo en que no contenían alarmas tales como para que sus subordinados se los pasaran.

Los acusados que ejercieron responsabilidades en Innovación e IFA/IDEA han dejado claro que se limitaban a pagar las ayudas que concedía Empleo y no se podían negar a hacerlo.

Los de Hacienda -entre ellos los exconsejeros Magdalena Álvarez, el propio Griñán antes de ser presidente y Carmen Martínez Aguayo- han defendido que ese departamento no controla qué hace el resto con su presupuesto más allá de velar porque no gaste más de lo asignado.

Su versión es que era la Consejería de Empleo la responsable de cómo se concedían las ayudas, a quiénes, para qué, cuánto, con qué requisitos y de la decisión de pagarlas a través de IDEA mediante transferencias de financiación, sin fiscalización previa.

Y dentro de Empleo, los exconsejeros, exviceconsejeros y exsecretarios técnicos se han afanado en apuntar que "el órgano gestor" de las ayudas era la Dirección General de Trabajo que actuaba con total "libertad", "autonomía" o "discrecionalidad".

Los dos exdirectores generales acusados, Javier Guerrero y Juan Márquez, son los únicos que han rechazado responder a las preguntas del fiscal y sólo han contestado a sus abogados, defendiendo que actuaron siguiendo una política marcada desde arriba para paliar los efectos de las crisis empresariales de esos años.

Pese a asegurar que esa política del Gobierno andaluz era "vox populi", nadie ha sabido explicar dónde podían los trabajadores afectados enterarse de cómo acceder a esas ayudas, más allá de que según Zarrías o Fernández lo sabían "quienes lo tenían que saber": los sindicatos y la patronal.

También, y ahí está el tercer escudo, los diputados del Parlamento, porque aparecían en los Presupuestos anuales que aprobaban e incluso solían pedir más dinero para esa partida ante conflictos laborales de sus provincias.

En los Presupuestos se indicaba también la forma de pago vía IDEA con transferencias de financiación, un instrumento que según la Intervención no era "adecuado" para ese fin y que en el juicio ha ocupado grandes debates jurídico-contables.

Tampoco nadie ha explicado por qué no había una norma específica que las regulara aunque varios acusados, sobre todo de Empleo, han indicado que estaban amparadas por la Ley de Hacienda Pública, el Reglamento de Subvenciones de la Junta de 2001 o la orden estatal de ayudas excepcionales de 1995.

Con todo, el exinterventor dejó una frase para la reflexión: "El que quiera gestionar de modo irregular o cometer fraude es muy difícil que una norma se lo pueda impedir".

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