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CATALUÑA / SECESIÓN

La Generalitat licita la compra de urnas y la Fiscalía prepara una querella

Barcelona, EFE
9/may/17 19:18 PM
eldia.es
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (i) y el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Oriol Junqueras./Toni Albir (EFE)

El gobierno de la Generalitat ha licitado hoy por 200.000 euros el suministro de las urnas con las que pretende celebrar un referéndum soberanista después del verano, ante lo que la Fiscalía se ha activado para preparar una querella por desobediencia, prevaricación y malversación.

La licitación anunciada la semana pasada se ha materializado hoy con una publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), en la que se especifica que las urnas son para "las elecciones al Parlamento de Cataluña, consultas populares y otras formas de participación ciudadana".

El Govern no esconde que podrán servir también para el referéndum, tal como ha explicado la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Neus Munté, después de la reunión semanal del ejecutivo catalán.

"El compromiso del Govern con el referéndum es total; se necesitan urnas para diferentes procesos y momentos y necesitamos poder votar también en un referéndum", ha señalado.

La consellera ha advertido de que "no tendría sentido" una querella de la Fiscalía, porque el gobierno catalán, ha dicho, actúa dentro del "marco de la legalidad" y "no hay ninguna normativa que impida la compra de urnas".

Todo indica que la Fiscalía no opina lo mismo, puesto que ya prepara una querella que incluiría los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.

La nueva querella se centra en el anuncio que hoy publica el DOGC, firmado por Francesc Esteve Balagué, secretario general del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalitat, en el que se licitan dos lotes: el primero, de "urnas electorales transparentes", y el segundo, de "urnas de cartón", por valor estimado de 184.000 y de 16.000 euros, respectivamente, lo que suma un importe total de 200.000 euros.

Es un proceso para hacer una preselección de empresas, para que estén ya preparadas para proveer urnas cuando lo necesite el Govern.

El plazo de presentación de las ofertas es de quince días contando desde la publicación del anuncio de licitación y pueden competir compañías de fuera de España si cumplen con los requisitos, según fuentes gubernamentales.

En la sesión de control en el Senado, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avisado de que el referéndum "no puede hacerse" y "no va a hacerse" y ha pedido a los independentistas que se alejen de su "realidad secesionista paralela", que se está quedando "del tamaño de una urna", ha dicho.

También el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha afeado al gobierno catalán que intente "generar la ficción" y "alimentar la comedia", mientras que el portavoz parlamentario del PP catalán, Alejandro Fernández, ha instado al Govern a preguntar al expresidente catalán Artur Mas y a su exconseller Francesc Homs, ambos condenados por el 9N, "cómo acaban las astucias y argucias".

Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlament, Fernando de Páramo, ha pedido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no gastar el dinero de "todos" los catalanes en comprar las urnas del referéndum, con la "obsesión" de repetir el "fracaso" del 9N.

Desde el PSC, su portavoz parlamentaria, Eva Granados, ha asegurado que las urnas no servirán para hacer un referéndum que es "ilegal", sino únicamente para la convocatoria de unas elecciones autonómicas a finales de este año o en 2018.

En cambio, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha advertido de que sería "terrible" para la imagen de España "a nivel internacional" que al Govern le fuera vetada la compra de urnas.

En este contexto, la plataforma Portes Obertes del Catalanisme ha pedido a la Generalitat que suspenda provisionalmente la convocatoria de un referéndum y ha urgido al Gobierno central a respetar la singularidad nacional catalana.

Por otro lado, JxSí y la CUP han bloqueado la comisión de investigación creada tras las declaraciones del juez y exsenador de ERC Santi Vidal, sobre supuestas ilegalidades del Govern para la obtención de datos fiscales de los catalanes, al usar su mayoría para tumbar todo el plan de trabajo y las comparecencias propuestas por la oposición.

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