Santa Cruz de Tenerife
ARTURO MELIÁN GONZÁLEZ*

Apuntes sobre el Informe para la Revisión del Modelo de Financiación Autonómica (y II)

7/ago/17 6:18 AM
Edición impresa

El REF y el SF.- Canarias presenta en el SF elementos diferenciales derivados del REF, reconocido constitucionalmente y con base en su condición de región ultraperiférica, contemplada tanto en el ordenamiento jurídico español como europeo. De este modo, los modelos de SF anteriores no consideraban los recursos del REF para determinar la financiación de Canarias, por lo que tenían el carácter de financiación complementaria. En 2009, la aprobación del modelo actual puso fin a esta situación, al sí tener en cuenta los recursos del REF. Actualmente, y con efectos financieros positivos para Canarias desde 2017, se ha modificado recientemente la Ley 22/2009, que regula el SF, de modo que los recursos del REF han vuelto a dejar de considerarse. Por otra parte, cabe destacar la ventaja de Canarias por sus competencias normativas en el IGIC y el AIEM, así como por determinados impuestos propios, que le proporcionan una mayor autonomía financiera en términos de variedad de figuras tributarias.

En lo que al plano académico se refiere, en diversos trabajos elaborados ante la reforma del SF se ha propuesto continuar considerando el REF de modo similar al modelo aprobado en 2009. En algún caso se ha propuesto que se haga incluso a su valor real, lo que supondría una penalización del ejercicio de las competencias normativas de Canarias o del uso de su espacio fiscal propio.

Con todo, el informe de la Comisión no cuestiona la existencia del REF ni la mayor solidaridad que este implica. La Comisión también ha constatado que la ultraperificidad debe considerarse para definir el encaje de Canarias en el SF. Así, cómo se integren, en su caso, los recursos del REF en el SF no es una cuestión que deba estar predeterminada y su grado de integración deberá pactarse atendiendo a la relación que se dé entre las desventajas de Canarias por su condición de región ultraperiférica y el conjunto de medidas, vía SF u otras, para la compensación de aquellas desventajas. Todo ello conduce a, entre otras cuestiones, la decisión de qué medidas se consideren más eficaces para promover el desarrollo económico y social de Canarias, finalidad última del REF.

Otro aspecto importante incluido en el informe tiene que ver con la cuantificación que, en su caso, se haga del REF en el SF. Esta cuantificación no deberá penalizar a Canarias por el uso de sus competencias normativas en los tributos del REF o por cómo haya utilizado su espacio fiscal propio, dado que en caso contrario no se estarían generando los incentivos correctos para una adecuada corresponsabilidad fiscal.

Otras cuestiones.- El informe ha abordado algunas cuestiones que no forman parte estrictamente del SF, pero que están estrechamente relacionados con éste. En la sección dedicada a la estabilidad presupuestaria se incluyen dos propuestas relacionadas con la regla de gasto: que su aplicación no sea uniforme en las distintas CCAA y que los cumplimientos de las reglas de estabilidad no se conviertan en una penalización en el futuro al aplicar la regla de gasto. Canarias podría ser una de las CCAA a las que se permita un crecimiento del gasto público superior al promedio, siempre que ello no ponga en riesgo su sostenibilidad financiera, dado que es una de las CCAA con menor deuda y ha cumplido con los objetivos de estabilidad sistemáticamente en los últimos ejercicios. Finalmente, la posibilidad de condonar una parte de la deuda autonómica acumulada sólo ha sido apoyada por una parte minoritaria de la comisión, la cual ha entendido que debería realizarse atendiendo especialmente a aquellas CCAA con una menor financiación y que en mi opinión particular no debería perjudicar en modo alguno a CCAA como Canarias por el hecho de haber cumplido en el pasado con las reglas de estabilidad.

Los análisis llevados a cabo para mi participación en la Comisión se han efectuado al amparo del Convenio entre la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por el grupo de trabajo conformado por Lucrecia Apolinario, José Andrés Dorta, Lourdes Quesada, y el que suscribe este artículo. Asimismo, mi agradecimiento por la confianza depositada a la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, y al viceconsejero de Hacienda y Planificación, Luis Padilla.

*Profesor de la ULPGC y miembro propuesto por la Comunidad Autónoma de Canarias para la Comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica

ARTURO MELIÁN GONZÁLEZ*