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RAMÓN TRUJILLO

Un país sin reyes

*Coordinador de Izquierda Unida Canaria
4/jun/14 0:51 AM
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La abdicación del rey Juan Carlos debe cerrar el ciclo de turnismo bipartidista coronado por un Borbón. Si antaño fue el ruido de sables el pretexto para que el pueblo no eligiera entre monarquía y república, hoy ya no hay pretextos para seguir con una democracia incompleta. Hoy tenemos que revisar nuestro pasado reciente y rechazar que la Jefatura del Estado se herede como una finca. Además, se trata de una herencia que conlleva, por una parte, ese machismo casposo que da prioridad al varón sobre la mujer y, por otra, ese anacronismo al cuadrado que constituye la impunidad legal de que goza el monarca.

La leyenda rosa de la Transición nos muestra a Juan Carlos de Borbón como tutor de la minoría de edad del pueblo español: hubo una vez un astuto rey que engañó a un decrépito dictador y se apoderó de las siete llaves para abrir el cofre de las libertades. Se hizo servir por un hábil, ambicioso y joven primer ministro y juntos llevaron la nave a Puerto Democracia.

Me admira cómo seguimos confundiendo a quienes fijaron los límites del cambio democrático con quienes impulsaron tal cambio. En junio de 1977, el rey escribió al sha de Persia que "cuarenta años de un régimen totalmente personal le han hecho mucho bien al país, pero al mismo tiempo han dejado a España sin estructuras políticas" y ello es "un grave riesgo para la consolidación de la monarquía". Juan Carlos de Borbón pide al jefe del Estado iraní 10 millones de dólares para fortalecer a Adolfo Suárez y la monarquía. El rey sabía que su papel en la Transición era garantizar que los poderes fácticos no fueran descabalgados por la presión popular. Como le dijo a José Luis de Vilallonga: "no quería a ningún precio que los vencedores de la guerra civil fueran los vencidos de la democracia".

Joan Garcés, en su magistral "Soberanos e intervenidos", nos ha mostrado cómo el Estado de excepción es la norma en el caso español. En 1959, un documento del Ejército de Estados Unidos indicaba que "antes de que Franco deje de mandar deben hacerse preparativos para asegurar que España continúa bajo un gobierno fuertemente prooccidental". Ocho años más tarde, el general Salgado-Araujo, secretario personal de Franco, escribía que el dictador estaba al tanto de las acciones de la CIA para que España "tolere primero, y legalice después, la acción de dos partidos", prefigurando así la amnesia bipartidista en que debía culminar la futura democracia incompleta.

El presidente estadounidense Richard Nixon envió un mensajero al dictador, en marzo de 1971, expresándole su interés por la sucesión monárquica. En 1975, el secretario de Estado, Henry Kissinger, remitiría al embajador estadounidense en Madrid un documento que afirmaba que la Transición "ha de estar en manos de gente esencialmente conservadora" y que, añadía, Washington actuaría "contra cualquier intento que presione por un cambio más rápido, lo cual podría forzar el proceso más allá de los límites reales".

A la ciudadanía española se le hurtaría la posibilidad de elegir la forma de Estado -monarquía o república-, se financiaría desde Alemania a las grandes fuerzas políticas -que serían mucho más visibles gracias a esa financiación-, se redactaría una ley electoral que "corregiría" el voto para asentar el bipartidismo y habría una Constitución única en Europa por su atribución al Ejército de la defensa "del orden constitucional". Desde arriba y desde fuera, se presionó para limitar la democratización exigida desde abajo y desde dentro.

Nicolás Sartorius y Alberto Sabio escriben en "El final de la dictadura" que, "si bien el dictador Franco murió en la cama, su dictadura murió en la calle". En 1976, hubo 34.467 huelgas en España que movilizaron a millones de personas en pos de derechos laborales, sociales, económicos y democráticos. Miles y miles de personas corrieron riesgos, más o menos graves, y sufrieron diversos grados de represión para traer libertad a España. Algunas decenas de personas perdieron la vida en ese empeño durante la segunda mitad de los años setenta. La lucha de sindicatos, partidos políticos, organizaciones estudiantiles, asociaciones vecinales y un sinfín de colectivos determinó que España se encaminara hacia su democratización.

La monarquía, que fue impuesta por las potencias que tutelaron la Transición española, ayudó a imponer reformas desde la cúspide de la pirámide social y negó el referéndum democrático sobre la forma de Estado. La monarquía ha sido una pieza clave del sistema bipartidista de democracia limitada, con restricciones al pluralismo en las leyes electorales y en los medios de comunicación, que ha servido para mantener el atraso relativo en desarrollo social con los países del entorno y, a la vez, ha permitido graves desigualdades. El bipartidismo y su leyenda rosa de la Transición han llevado a cabo cesiones de soberanía a la Unión Europea que hoy nos han atrapado en el callejón sin salida del turnismo bipartidista borbónico y sus recortes.

El proceso deconstituyente que el bipartidismo borbónico ha llevado a cabo, al derogar de facto la parte social del pacto constitucional, no tiene vuelta atrás: nos llevan hacia un país con más renta por persona que antes de la crisis, pero con menos derechos laborales, peores pensiones, deterioro generalizado de lo público y peor calidad de vida. Ha llegado el momento de exigir un referéndum sobre la forma de Estado y abrir el camino para un nuevo proyecto de país inclusivo, completamente democrático y con derechos sociales plenamente garantizados. Ese país será un país sin reyes ni príncipes.

RAMÓN TRUJILLO