Canarias

Los ascensores deberán pasar una inspección o serán paralizados

La "ITV" de los elevadores entrará en vigor en septiembre y se sumará a la obligación de someterlos a revisiones de mantenimiento Las multas pueden alcanzar los 3.000 euros.
Efe, Las Palmas
29/ago/18 0:39 AM
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Los más de 30.000 ascensores de todo tipo instalados en Canarias deberán someterse desde ahora a inspecciones técnicas de seguridad periódicas añadidas a las habituales revisiones de mantenimiento o serán puestos fuera de funcionamiento en virtud de un nuevo decreto.

La obligación de someter a dichas inspecciones esos aparatos, que, en última instancia, será responsabilidad de sus dueños, sean empresas, particulares o comunidades de vecinos, entrará en vigor este mes de septiembre, si bien se habilitará un plazo de dos meses para llevarlas a cabo antes de exponerse a tener que usar solo las escaleras, anunció ayer el consejero de Industria del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega.

Canarias es la segunda comunidad autónoma que regula esta cuestión, tras Asturias, en aplicación de una norma nacional que los distintos ejecutivos regionales tienen que ir desarrollando y que busca "garantizar la seguridad de los ascensores y, sobre todo, la de sus usuarios", explicó Ortega. El consejero ofreció ayer una rueda de prensa convocada con el propósito de "adelantarse para que todo el mundo sepa que tiene que cumplir su obligación" y disponga de tiempo para actuar y evitar quedarse sin ascensor, medida que podría comenzar a aplicarse de forma efectiva desde noviembre en caso de no cumplir la normativa. La "principal novedad" del decreto es la articulación de ese mecanismo de paralización cautelar de los aparatos no inspeccionados o defectuosos.

Los titulares de los ascensores se arriesgan, además, a que se les impongan sanciones económicas de hasta 3.000 euros si no están en regla a tiempo por negligencia en su mantenimiento y revisión.

El consejero subrayó, en todo caso, que la finalidad de esa regulación es "ir avanzando en prevenir, porque la seguridad mejora con la prevención". Al igual que sucede con los automóviles, que deben ser revisados con una periodicidad distinta según sus características técnicas, su uso y su antigüedad, el decreto fija diferentes plazos para las inspecciones de los ascensores.

Así, los que estén en centros o establecimientos públicos y, por tanto, tienen mayor actividad, tendrán que volver a ser mirados cada dos años, en tanto que a los de edificios de viviendas con más de veinte hogares o cuatro plantas de altura les tocará cada cuatro y a los restantes cada seis, precisó.

La mayoría debería estar  en buenas condiciones

El consejero de Economía e industria, Pedro Ortega, aclaró ayer que la mayoría de los elevadores que hay en las Islas deberían estar en buenas condiciones, porque normalmente se suele contratar una empresa de mantenimiento que se encargue de revisarlos y repararlos o renovar sus componentes si es necesario, pero que no es tan común que sus dueños los sometan a las inspecciones de seguridad que se les exigirán desde ahora.

Por ello, les instó a ponerse en contacto con alguna de las catorce empresas del sector que operan en Canarias y les animó a pedir presupuestos a varias.

Técnicos del departamento encabezado por Pedro Ortega aseguraron que es bastante rentable plegarse a la norma y cumplir con las inspecciones, pues su coste oscila entre unos 70 y 120 euros, y por ese precio puede evitarse el riesgo de tener que desembolsar al final 3.000 euros de multa y quedarse sin ascensor.

Tras haber lanzado ya en abril una campaña informativa sobre la próxima entrada en vigor del decreto y sus implicaciones, la Consejería de Industria ha preparado otra nueva que, en forma de anuncios audiovisuales, se difundirá a través de televisión e internet.