Canarias

La Cámara exige el 75% como derecho y rechaza el nuevo decreto

Salvo el PSOE, que subraya que el descuento ya se aplica, el resto muestra su indignación por que el texto conocido en la noche del martes cambie lo de tarifa regulada por bonificable.
El Día, Santa Cruz de Tenerife
19/jul/18 6:09 AM
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Pocas votaciones a favor de una misma propuesta se toparon con lecturas tan dispares sobre un decreto. Eso sí, esta vez dejando solo al PSOE con su visión. Aunque todos los grupos del Parlamento canario apoyaron ayer el informe regional que se elevará al Ministerio de Fomento sobre la bonificación del 75% de los billetes de avión y barco de los viajes Canarias-Península, las críticas a los socialistas les llovieron desde la derecha del PP a la izquierda de NC por el decreto llegado en la noche del martes, en el que se retrocede y, en vez de hablarse de tarifa regulada, se alude a "bonificable".

Con la excepción de Loly Corujo (PSOE), quien defendió a Fomento y subrayó que el descuento se aplica desde el lunes, el resto de partidos, es cierto que con un Podemos más comprensivo con el Gobierno central, recalcaron la necesidad de modificar de nuevo el decreto, que se garantice la tarifa como "regulada" y, sobre todo, que el 75% para los residentes se reconozca como un derecho de los isleños y no como un privilegio, para lo que se coincide en la necesidad de que así lo contemple el REF para que no dependa de cada presupuesto anual o Gobierno central de turno.

El primero en intervenir fue el líder de ASG, Casimiro Curbelo, quien pidió al PSC que intercedan para evitar unos vaivenes del Gobierno de Pedro Sánchez que no solo no entiende, sino que perjudican a Canarias. Sobre el cambio a tarifa bonificable, lo concibe como una "violación flagrante" del REF y resalta, como otros, que contradice los presupuestos estatales.

Le siguió Román Rodríguez (NC), más crítico que nunca con el PSOE, por mucho que recordara que apoyó a Sánchez en la censura. El expresidente remarcó que un decreto nunca puede modificar una ley y, por eso, advirtió de que, o se corrige, o acabará en los tribunales y con todas las de ganar para Canarias. Además, pidió otro pleno para fijar posición sobre el decreto y admite que hay señales del Gobierno que no le gustan, advirtiendo que ningún funcionario logrará que se venda como privilegio lo que es un derecho.

Noemí Santana (Podemos) lamenta que lo del 75% sea ya "la historia interminable", no descarta un pleno en agosto y espera que la voluntad política lo arregle. Asimismo, insistió en que no se aplique a los billetes de primera.

Australia Navarro (PP) aprovechó la coyuntura para censurar el "esperpento" del Gobierno y que el peso del poder haya pasado ahora al norte y a los extremistas, perjudicando a Canarias con esto por no ser una prioridad, las obras hidráulicas u otros convenios.

Corujo remarcó que, "sin chantajes", fue con González cuando se logró el 33%; con Zapatero, el 50 y el 75% con Sánchez, lo que multiplicó los aspavientos del PP. También repitió que solo han corregido errores de redacción conscientes, que achacó a Montoro.

José M. Ruano (CC) recordó que el 33% existía desde los años 60 del siglo XX, exigió al PSC no ser "corifeo" del Gobierno y recalcó que no permitirá ningún retroceso.

La continuación del último pleno del actual periodo de sesiones se abrió ayer con una interpelación de Podemos al consejero de Agricultura, Narvay Quintero, que permitió al político herreño anunciar cambios en el decreto de 2013 que regularizó los guachinches. Antes, el diputado de Podemos Francisco Déniz alertó de la mala aplicación de ese decreto, de los obstáculos y el pésimo control, que ha incrementado el intrusismo. A su juicio, sigue sin quedar claramente delimitado qué es un guachinche y lo que se está produciendo en la medianía es "desánimo y desencanto porque la gente no sabe a qué atenerse". Según dijo, el decreto fue un buen paso inicial para regular esta actividad y evitar la pérdida de producción agrícola, pero debe cambiarse para, por ejemplo, permitir la venta a familiares cosecheros o para que la policía turística aclare bien sus competencias y no diga que solo hay 15 guachinches en Tenerife, "cuando esa cifra se da en una calle de La Victoria de Acentejo. Hay que tomarse esto en serio", recalcó.

Quintero elevó esa cantidad a 157 (fluctuantes, según Podemos) y se comprometió a introducir cambios antes de que concluya la legislatura. Aunque aclarando que no son Consumo ni Industria y que solo controlan las bodegas con el registro de embotelladores, asume que se debe regular mejor la temporalidad, las bebidas a vender, las competencias sobre el control para evitar el intrusismo y cómo certificar la calidad de esos vinos de cosecha propia y excedentes. Eso sí, no cree factible abrir la mano a producciones de familiares.

408 millones pendientes de cobro en 2016

Como ya pasara en dos comisiones, el pleno revivió ayer argumentos en contra de la gestión de Hacienda por el informe de la Audiencia de Cuentas sobre 2016. Esta vez, el que se quedó solo no fue el PSOE, sino CC, que escuchó reiteradas críticas de todos por el aumento de las recomendaciones de los técnicos (hasta 29), porque no se le haga caso a las repetidas desde hace años o por el incremento del dinero pendiente de cobro. La que más remarcó esta cifra (408,6 millones) fue Esther González (NC), quien censuró también el aumento en un 68% del dinero "en gavetas" (280 millones), que en el debate no hubiese casi nadie del gobierno y, en general, la gestión de Rosa Dávila. Antes, Manuel Marrero (Podemos) exigió que un informe entregado en diciembre no se aborde en el pleno en julio, al tiempo que criticó que, en unas islas con los problemas de paro y vivienda que tiene Canarias, sean estas áreas las que menos ejecución muestran, con un 74 y 78%. También alertó de la falta de datos de empresas como Grecasa o que se den superávit de 55 y 27 millones en Empleo y Salud. No obstante, el más duro fue José Estalella (PP), quien hizo un exhaustivo repaso del informe para concluir que, con algunas contrataciones de personal, se justifica la sensación en la calle de que "esto es un chiringuito". A su juicio, no se puede permitir tantos incumplimientos, desviaciones de gasto o prácticas inconcebibles en lo privado. Censuró, a su vez, la gestión en RTVC, El Rincón, Grecasa, Gestur o varias fundaciones. Para M. Mendoza (ASG), la sensación que queda es que esto seguirá repitiéndose por no hacerles caso a los técnicos. En su opinión, resulta muy grave que 270 proyectos de apoyo a empresas canarias se queden sin financiar. Solo Elena Luis (CC) hizo una lectura positiva, subrayando el 5% más de recaudación de lo previsto y recordándole al PSC que, en 2016, aún cogobernaban.

Lavandera y la cuerda para explicar la ruptura

Si bien todos respaldaron las propuestas de resolución sobre el informe, el debate permitió al socialista Iñaki Lavandera hablar de 2 etapas diferentes en el pacto CC-PSOE: antes y después de Clavijo. Es más, afirmó que la ruptura de 2016 se produjo porque el PSOE "tiraba de la cuerda a la izquierda y CC, a la derecha". Asimismo, cree que las irregularidades del informe reflejan el desprecio a la transparencia tras tantos años de gobiernos de CC.