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La Cámara ahonda en la igualdad entre sexos con cambios en la ley

Los grupos respaldan las modificaciones de la norma regional de 2010 propuestas por CC y PSOE, si bien NC les recrimina falta de voluntad en el pasado y exige medidas coercitivas.
El Día, S/C de Tenerife
28/jun/18 6:34 AM
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El Parlamento de Canarias aprobó ayer, con el apoyo de todos los grupos, la toma en consideración de sendas proposiciones de ley de CC y PSOE que pretenden mejorar la normativa regional de igualdad de 2010 para evitar los obstáculos con los que se siguen topando las mujeres a la hora de acceder a cargos públicos. Las modificaciones se extienden, además, a las leyes que rigen órganos autónomos como el Diputado del Común, la Audiencia de Cuentas, el Consejo Consultivo o el Económico y Social para hacer realidad una presencia mucho más equilibrada de las féminas, en contraste con lo que históricamente ha ocurrido.

Los nacionalistas proponen cambios para que, al menos, haya un 40 o 60% de cada uno de los dos sexos en las distintas entidades públicas, aparte de reducir de 15 a 10 años el mínimo de experiencia exigido en el caso de las mujeres por los perjuicios que les ha supuesto hasta ahora las trabas por situaciones como los embarazos. La diputada Socorro Beato subrayó, además, que Canarias era la comunidad más exigente con ese plazo y que, por tanto, convenía modificarlo.

El PSOE, por su parte y en línea con planteamientos como el de Podemos, prefiere ir más allá y propone un 50-50% de ambos sexos, en consonancia, por ejemplo, con la ley electoral de cremallera. Ventura del Carmen Rodríguez subrayó la necesidad de adaptar las normas, por mucho que lleven solo 8 años, dados los vertiginosos cambios en la sociedad y espera, eso sí, que el trámite parlamentario pueda pulir más la ley.

Aunque todos los grupos apoyaron la toma en consideración, se escuchó una voz muy crítica, la de la diputada de Nueva Canarias Esther González. A su juicio, tanto CC como el PSOE han demostrado un claro oportunismo con ambas propuestas de ley porque, entre otras cosas, hace escasos meses ni siquiera intentaron cumplir la norma actual, que habla de equilibrio entre ambos sexos a la hora de renovar los órganos dependientes de la Cámara. González subraya que, en realidad, lo que siempre ha faltado es voluntad política real, que la norma vigente no impide ese equilibrio y que, o los cambios incluyen medidas coercitivas, o volverán a ser potencialmente incumplidos.

Eso sí, todos los grupos apoyan las medidas para impedir la publicidad institucional en los medios que incluyan anuncios de prostitución o cualquier otro trato vejatorio de la mujer.

El PP también cree acertados los cambios propuestos en general, si bien censuró la prisa de ambos partidos por presentar antes sus propuestas, mientras Podemos resaltó el contexto general, tras el apoyo del PP el pasado martes al permiso de 4 meses para los padres en las Cortes.

PNL para recuperar las 35 horas laborales en el SCS

En la sesión de ayer, el pleno respaldó una proposición no de ley (PNL) del PSOE por la que se pide al Gobierno regional que recupere las 35 horas laborales semanales para el personal del Servicio Canario de la Salud, si bien la solicitud la ampliaron otros grupos a reducir de 20 a 18 la de los docentes y a aplicar lo mismo a otros empleados. Por supuesto, el Ejecutivo y CC alegaron que se trata de medidas a adoptar y financiar desde el Estado y que requieren un aumento del personal para no mermar los servicios, aunque dejaron claro que también es una de las prioridades autonómicas y la iniciativa se aprobó por unanimidad. Su impulsor, el socialista Marcos Hernández, indicó que no solo es de justicia recuperar este tipo de derechos laborales, sino que, encima, está comprobado que una reducción de las horas laborales incrementa la productividad, algo que necesita con claridad la administración de las Islas.

La propuesta plantea también que se desbloquee por fin la negociación colectiva, si bien grupos como CC insistieron en que, tras el cambio de gobierno nacional, es el PSOE el que no tiene excusas ahora para promover estos cambios a escala estatal. Socorro Beato añadió, además, que la medida aún es "inviable" en las Islas porque la regulación estatal sigue vigente en una disposición adicional de los PGE.

ASG exigió la ampliación a todos los trabajadores públicos, NC remarcó que la racionalización del gasto no debieron pagarlos los empleados, el PP cree la idea "extemporánea" por la "recuperación" de derechos desde 2017 y Podemos recordó que los recortes impidieron contratar a 7.000 personas en Sanidad y Educación.

CC no convence sobre la educación de 0 a 3 años

En uno de los debates más repetidos desde 2015, la consejera de Educación volvió ayer a verse obligada a hablar de enseñanza de 0 a 3 años y de la crítica más extendida entre casi todos los grupos: que también en esto las Islas ocupan el último lugar en cuanto a oferta pública. Soledad Monzón le recriminó al PSOE que, durante su cogobierno, nunca hablara de esto ni discutiese el planteamiento del Ejecutivo regional, al tiempo que aludió a Finlandia para poner en duda que, desde el punto de vista del rendimiento escolar, adelantar la escolarización dé mejores resultados, ya que, en ese país, es obligatoria a partir de los 7 años y tiene los mejores datos por alumno. El PP le recordó que Canarias no se parece en casi nada a Finlandia y Manuel Marrero (Podemos) censuró que ni siquiera se contemple comenzar por las escuelas infantiles actuales para extender una enseñanza que, aparte de sus aportaciones a los niños de esas edades, ayuda también a conciliar la vida laboral y es un elemento de igualdad de oportunidades. PSOE, NC, PP y hasta ASG (si bien se mostró más comprensiva) siguieron la mayoría de tesis de Podemos y recordaron los 3 millones aprobados, aunque CC aseguró que ni con los 50 apuntados daría para adaptar los centros de las Islas. Sin embargo, ni Monzón ni su grupo convencieron al resto.

Cambios en la ley en favor del consumidor

El pleno se cerró ayer con una proposición de ley de Podemos respaldada por el resto, aunque con la abstención de CC, para modificar la normativa y proteger más a los consumidores ante situaciones como las cláusulas de suelo bancarias, las compañías tecnológicas y otras empresas que anteponen sus intereses, en muchos casos rapiñadores, al cuidado de los clientes. Gustavo Matos (PSOE) advirtió de que buena parte de la propuesta ya se contempla en la actual normativa y que hay muchas sentencias en esa línea, si bien aún se desconocen las leyes y se siguen cometiendo atropellos, con lo que su grupo respaldó la propuesta de Noemí Santana. Algo similar argumentó el PP, favorable a gran parte del texto, aunque espera que se mejore en el periodo de enmiendas para que no se modifiquen las reglas de la competencia y el libre mercado. NC y ASG creen que la norma actual se ha quedado obsoleta y Santana recalcó que los cambios ayudarán a los que intentan darse de baja de un servicio de telefonía y se topan con una "misión imposible", a los que sufren cláusulas abusivas o los que reclaman por sus recibos de agua y luz sin quedar a expensas de la interpretación de los juzgados.