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Saavedra recupera 155.000 euros en sanciones mal cobradas

La intervención del defensor del pueblo canario permite devolver a los ciudadanos el importe de multas impuestas por las administraciones sin respetar los procedimientos.
M.G., S/C de Tenerife
31/mar/18 5:58 AM
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Saavedra recupera 155.000 euros en sanciones mal cobradas

La imposición a los ciudadanos de sanciones de forma indebida es una de las quejas que con más recurrencia recoge en su informe anual el Diputado del Común de Canarias. La intervención de la institución a cuya cabeza aún se encuentra Jerónimo Saavedra permite, año tras año, devolver un buen pellizco a los afectados. En el caso de 2017, ejercicio al que se refiere su último informe, los ciudadanos reclamantes consiguieron recuperar un total de 155.488 euros.

La mayoría de este importe -112.520 euros- procede de los ayuntamientos. A considerable distancia -30.180 euros- se encuentra el Gobierno canario, mientras que las entidades encargadas del cobro y gestión de tributos en Gran Canaria y Tenerife -Valora Gestión Tributaria y el Consorcio de Tributos- reintegraron 10.420 y 2.360 euros, respectivamente.

El Diputado del Común -órgano dependiente del Parlamento que asume en la Comunidad Autónoma funciones análogas a las del Defensor del Pueblo- constata en su último resumen anual que "el principal motivo de las quejas apenas difiere de los años anteriores". No obstante, observa que "se ha seguido incrementando el número de las relativas a embargos en cuenta corriente por la vía de apremio, generalmente tras un procedimiento irregular en cuanto a las notificaciones".

En efecto, la situación no es nueva y ha sido regularmente expuesta por el Diputado. La administración incumple los trámites de comunicación al ciudadano, sobre todo en la gestión de multas por infracciones en materia de tráfico, y este recibe la primera noticia de que ha sido objeto de una sanción cuando detecta que se le han detraído cantidades de su cuenta corriente.

"Lo que resulta más preocupante" -advierte Jerónimo Saavedra en su informe del pasado año- es que este procedimiento se aplica, "en la mayoría de los casos", sobre sueldos y pensiones que no alcanzan el salario mínimo interprofesional.

Otra situación de la que se hace eco el defensor del pueblo canario es el aumento "exponencial" de la cifra de quejas originadas por el retraso en la contestación a los escritos y reclamaciones que dirigen los ciudadanos a las Gerencias del Catastro. Estos organismos, dependientes del Estado, concentraron en 2017, por primera vez, el mayor volumen de quejas en el apartado sobre Economía y Hacienda del informe anual de Diputado del Común. Sin embargo, la institución reconoce la "predisposición a colaborar" mostrada por el Catastro.

La mayoría de las reclamaciones ciudadanas se producen por la falta de respuesta de las administraciones, que solo contestan cuando interviene el Diputado y, "lo que es más llamativo", para dar la razón a los afectados, "con el correspondiente abono de los intereses de demora".

las claves

Embargos. El Diputado del Común vuelve a denunciar que las administraciones siguen saltándose los trámites en la gestión de sanciones a los ciudadanos, que muchas veces tienen "la primera noticia" de que han sido objeto de multas al comprobar que se les han detraído fondos de sus cuentas mediante embargos.

Falta de respuesta. La institución expone que las administraciones públicas tienden a no responder a los ciudadanos y, cuando lo hacen, es tras la intervención del Diputado del Común, con el "llamativo" resultado de que suelen dar la razón a los interesados, a los que no solo deben devolver su dinero, sino pagarles el correspondiente recargo.