Canarias

El PP impulsará una auditoría de las listas de espera en las Islas

Antona cuestiona la satisfacción de CC con los datos, que apuntan a un 16% de reducción en 2017 según los criterios estatales, y planteará un análisis detallado para conocer la realidad.
Álvaro Morales, Tenerife
7/feb/18 6:24 AM
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El presidente del PP canario, Asier Antona, anunció ayer, durante el pleno regional, que su partido impulsará la elaboración de una auditoría sobre las listas de espera reales de la sanidad isleña, propuesta que, a tenor de la visión de la mayoría de grupos de la oposición, será respaldada.

El líder conservador aludió también a diversas medidas (sin concretar) con las que pretenden mejorar una sanidad que, a su juicio, está lejos de la euforia con la que CC ha presentado los datos de reducción de esas listas en 2017. Una rebaja que, por supuesto, pone en entredicho y que cree contradictoria porque, mientras en unos hospitales decrecen las cifras, en otros lo hacen en mucha menor medida o, incluso, suben, con contrastes también entre Islas.

A su juicio, "no hay estrategia" y la sanidad canaria "está enferma" sin que sean suficientes los remedios "solo paliativos" del Ejecutivo. En ese sentido, sostuvo que el hecho de que haya 183.000 canarios ("un 10% de la población") en espera no refleja otra cosa más que una gestión "desastrosa y con datos peores" de 2016 a 2017.

El presidente canario, por el contrario, no solo no compartió este diagnóstico, sino que, si bien "nunca" estarán del todo satisfechos, alardeó de resultados. Así, remarcó que el descenso "del 16%" se calcula bajo criterios estatales y con el hándicap de no poder incrementar el personal en los últimos 10 años por la imposibilidad de incorporar funcionarios.

Para Fernando Clavijo, muchas veces se pone el acento en un 3% de lo que implica la sanidad y se olvida la perspectiva global. De ahí que subrayara varias veces que, en 2017, hubo 17,5 millones de consultas y 92.000 intervenciones, "lo que supone un 5% más". Además, dijo que una prueba de la apuesta de CC por este ámbito es elegir a un "consejero profesional de la gestión sanitaria e independiente, no del partido", lo que le fue reprochado por otras fuerzas, pidiendo amparo a la presidenta al no poder seguir con su intervención.

Según dijo, "el SCS no goza de mala salud, aunque sí necesita más recursos", agradeciendo que se presenten medidas, pero recalcando que sí existe un plan sanitario. De hecho, y en respuesta a su compañero José M. Ruano, confió en que, en 2018, pueda salir el plan de salud, recalcando que la sanidad es una preocupación no solo regional o estatal, sino mundial.

Previamente, el portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, había llamado la atención sobre el hecho de que solo 4 de los 15 fallecidos por la "epidemia" de gripe del invierno fueron vacunados (si bien los datos aún no permiten hablar de epidemia técnicamente, pero sí socialmente, admitió Clavijo).

El presidente gomero preguntó por las medidas desarrolladas y el líder de CC reconoció también que, pese al esfuerzo realizado, tampoco están del todo satisfechos por algunas imágenes vividas en urgencias. No obstante, resaltó el refuerzo de médicos y enfermeros, y la ampliación de camas, salas y vacunas, recalcando que solo el 10% de los pacientes que acuden a los hospitales acaban hospitalizados, por lo que cree clave que se recurra más a los centros o urgencias locales o comarcales.

Sobre esto, por la mañana y en preguntas al consejero Baltar, el portavoz de NC, Román Rodríguez, y Juan Márquez (Podemos) se mostraron muy críticos (sobre todo el último) con las urgencias, que Podemos considera impropias de la región con la fiscalidad más baja de Europa. Para Rodríguez, se debe planificar más para que la imagen y conclusión que se extrae de la sanidad no se limite y distorsione por lo que ocurre en esos pasillos.

De 11 a 14:30 horas, el gran protagonista, sin duda, fue el vicepresidente, que tuvo que soportar un considerable aluvión de críticas de la oposición por el retraso en la firma del convenio de carreteras y por el nivel de ejecución en su área durante 2017. Salvo Elena Luis (CC), que llegó a afirmar que ese nivel alcanza el 98% respecto al presupuesto inicial y del 70% en la globalidad, lo que reafirmó varias veces después Pablo Rodríguez, el resto de grupos lo rebajaron al 60, pero, sobre todo, le recalcaron que, por el estado actual de muchas vías y el mayor presupuesto, lo que toca es que se cumpla el 100%. Así lo exigió Luz Reverón (PP), que tomó el relevo en las comparecencias de su compañera Australia Navarro, quien en las preguntas calificó de "impresentable" la gestión del vicepresidente por presentar mal y tarde el borrador para el convenio y por su capacidad de ejecutar las partidas. No fueron menos críticas Esther González (NC), Natividad Arnáiz (Podemos), Patricia Hernández (PSOE) y hasta Casimiro Curbelo deslizó su desilusión por el ritmo, aunque con más comprensión. Rodríguez respondió argumentando que han cumplido lo exigido, presentado varios borradores de obras al nuevo convenio (siempre tras el consenso con los cabildos y Fecam), que si fuera por ellos ese acuerdo ya se habría firmado y que debió aclarar que las fechas que ha ido dando debieron estar acompañadas del matiz de que dependían también del Ministerio. Eso sí, recalcó la relevancia de la reciente adenda y de la sentencia del Supremo sobre los 138 millones recortados en 2012, anunciando que recurrirán también los de 2015 y 2016, aparte de esperar fallos similares sobre 2013 y 2014 para un total de 755 millones.

Clavijo rechaza la frase de Marichal (Ashotel)

Las preguntas a Clavijo abrieron la reanudación vespertina del pleno y comenzaron con fuerza. La portavoz del PSOE, Loly Corujo, le pidió que aclarase si compartía lo dicho por el presidente de la patronal hotelera de la provincia tinerfeña (Ashotel), Jorge Marichal, sobre que, "en este país, quien se deja explotar es porque quiere". El líder de CC dejó claro que no las comparte y luego le afeó a Corujo que se "pusiera la tirita antes de la herida", dado que, en su opinión, las críticas socialistas no tienen relación con lo que está haciendo su gobierno en pro del empleo de calidad o la subida de sueldos, como ejemplifica la reciente concertación social entre sindicatos y empresarios. La diputada conejera, por su parte, le pidió que medie a favor de colectivos como las camareras de piso para que haya un mejor convenio colectivo turístico, recordándole los datos de pobreza, que el 14% de los empleados están en esa situación o que solo el 31% de los pobres cobran paro. Clavijo le replicó que el PSOE "es el cómplice de la disminución de los derechos de los trabajadores" por facilitar la reforma laboral del PP tras aprobar el artículo 135. Además, recalcó que, en 2016, Canarias fue la región donde más subieron los salarios y, en 2017, la que más contratos indefinidos tuvo.

Nuevo encontronazo con Podemos por corrupción

El momento más tenso, con diferencia, de ayer se dio, de nuevo, entre Clavijo y la portavoz de Podemos, Noemí Santana, quien trajo a colación los recientes datos del Consejo General del Poder Judicial, que sostiene que Canarias es la región con más imputados por corrupción. El presidente le pidió, de entrada, que no confunda procesados con condenados, pero la diputada grancanaria aludió al caso Faycan (Telde, con implicación de miembros del PP, que se llevaron dinero "a mansalva"); al de las grúas laguneras, que cree cada vez más dudoso (y más con la última amenaza de bomba en el juzgado que obligó a aplazar una declaración); el de Las Teresitas, el caso Unión o las desventuras del exministro Soria o del Marqués de La Oliva. A su juicio, una ristra así justifica llevarla a las pantallas bajo el título de "Corrupción en Canarias". Por supuesto, sus afirmaciones y tonos no gustaron nada a Clavijo, quien le reprochó que "haga un chiste de mal gusto con Canarias y una corrupción inexistente" o que "liquide la presunción de inocencia". Según remarcó, "la tolerancia del Gobierno y la Cámara es 0 con la corrupción", le recordó que se han archivado denuncias, como una de Podemos en el Cabildo majorero, y le acusó de "no respetar los principios básicos de la democracia y la decencia".