Canarias

Las empresas que contraten con la Comunidad estarán obligadas a cumplir cláusulas sociales en los concursos

Santa Cruz de Tenerife, Europa Press
12/dic/17 18:52 PM
eldia.es
Las empresas de la construcción son habituales contratistas con la administración pública./El Día

El Gobierno de Canarias está ultimando el borrador de la futura ley de cláusulas sociales, medioambientales y de reserva de mercados en la contratación pública de la Comunidad Autónoma, una norma que obligará a las empresas que deseen acceder a un contrato público con la Administración tener que cumplir con una serie de condiciones, como garantizar el empleo estable, la igualdad entre hombres y mujeres, así como mejoras medioambientales.

En comparecencia parlamentaria, a petición del Grupo Socialista, el vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, quiso recordar que desde el año 2006 el Ejecutivo ha incluido cláusulas administrativas en los pliegos de contratación tipo para fomentar la integración laboral de colectivos con especiales dificultades de inserción, y añadió que a través del impulso del comisionado contra la pobreza se está trabajando en el borrador de la nueva Ley de cláusulas sociales.

Pablo Rodríguez detalló que se trata de una iniciativa fundamental a través de la cual se pretende reforzar la labor que realizan las empresas de inserción y los centros especiales de empleo, tanto desde un punto de vista social con la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión, como con la generación de capital social medioambiental con la introducción de criterios de producción ecológica y económica con su contribución no sólo en forma de impuestos, sino también ayudando al establecimiento de actividades difícilmente deslocalizables y que generan beneficios en la comunidad donde se implantan, fortaleciendo así la inserción laboral.

El vicepresidente aclaró que, a pesar de que esta ley aún está en elaboración, el Gobierno de Canarias ya está introduciendo cláusulas sociales en sus pliegos de contratación pública, pues desde los diversos centros directivos se incorporan estas cláusulas en los diferentes procedimientos de contratación, tal y como ocurre en la propia Consejería de Obras Públicas y Transportes, que incorpora este tipo de cláusulas en sus últimos contratos. Asimismo, detalló que la Dirección General de Patrimonio y Contratación ha informado que en los contratos que se han tramitado hasta la fecha, con aprobación de pliegos, se han introducido específicamente cláusulas sociales y medioambientales.

En su intervención, la diputada Patricia Hernández quiso recordar que tanto el acuerdo de gobernabilidad firmado al inicio de la legislatura por Coalición Canaria y Partido Socialista, así como el discurso de investidura del presidente Clavijo, incluían las llamadas cláusulas sociales en los contratos con la Administración; sin embargo, puso en duda que los concursos públicos que ha convocado el Gobierno de Canarias estén incluyendo estas cláusulas.

Patricia Hernández también criticó que no se haya creado la comisión de cláusulas sociales y medioambientales, que debía revisar el funcionamiento de estas cláusulas y si se estaban aplicando, e incluso se preguntó si los consejeros del Gobierno saben que existe un decreto que les obliga a incluir estas cláusulas sociales en los concursos públicos que convoquen.

UN "FRACASO ABSOLUTO".

Jesús Ramos Chinea, del Grupo Mixto, lamentó que estas cláusulas sociales no se hayan implementado para todos los tipos de contratos públicos, y pidió a la Administración que fomente solo contratos de adhesión con aquellas empresas que cumplan con objetivos sociales como procurar buenos salarios, fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y contratar a personas de los colectivos con mayor dificultad de inserción laboral.

El diputado Luis Campos (NC) señaló que si desde el año 2006 se están incluyendo cláusulas sociales en muchos contratos de la Administración, la realidad es que ha supuesto un "fracaso absoluto" porque "muy pocas" consejerías están llevando a cabo esta práctica. Así, abogó por que la ley de cláusulas sociales se ponga en marcha "de manera urgente" porque han pasado más de dos años y todavía está en fase de borrador.

Desde el Grupo Podemos, Manuel Marrero resaltó que las cláusulas sociales significan un "referente ético" y una "conquista ciudadana", por lo que animó al consejero a continuar con esta medida, y el diputado popular José Estalella recordó que la Ley de contratos del sector público aprobada el pasado mes de noviembre, que será de obligado cumplimiento a partir de marzo de 2018, ya permite facilitar a los poderes públicos la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes.

Por último, la diputada Socorro Beato (CC) reconoció que las directrices de contratación aprobadas por el gobierno en septiembre de 2016, que incluía las cláusulas sociales, no está dando los resultados esperados porque adolecen de algunas lagunas que ha puesto de manifiesto el Tribunal Administrativo de Contratos. Por ello, Coalición Canaria ha presentado una enmienda al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma que introduce condiciones laborales mínimas que se obligarán a los licitadores.