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Denuncia una posible vulneración a la intimidad en su historia clínica

Una usuaria del Servicio Canario de Salud ha elevado su causa al Diputado del Común, quien pedirá informes a la Consejería de Sanidad sobre dicho asunto y las listas de espera.
El Día, S/C de Tenerife
16/sep/17 6:06 AM
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Tras reconocer públicamente su situación de salud -una anorexia nerviosa- la jurista Isabel Aguilar se ha visto obligada a solicitar amparo ante el Diputado del Común, pues considera que el Servicio Canario de Salud (SCS) ha vulnerado su derecho a la intimidad respecto al tratamiento de su historia clínica.

La afectada narró cómo el pasado mes de junio acudió a su centro de salud y apareció "sin médico asignado", lo que le obligó a acreditar su residencia en España. "Mis datos aparecieron de forma errónea a como se habían aportado en un primer momento, y además de una forma muy confusa y llegándose a mezclar con datos de los que yo no era titular y que jamás había ofrecido ni aparecían originariamente en el fichero informático", explicó la jurista. Asimismo, remarcó que, el tratamiento de su "historial clínico en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) no ha sido el óptimo". "Por el hecho de trabajar y ser conocida en el sector, siempre fue algo que vigilaba, y no sentí que me ofrecieran las mayores garantías", manifestó.

Como guinda al pastel, Aguilar informó de que también ha tenido que enfrentarse a las largas listas de espera del SCS. "Muchas veces la recuperación, para casos como el mío, requiere de pruebas y tratamiento especializado donde el factor tiempo es esencial. Por tanto, lo que no se puede permitir es que te pongan en una lista de espera cerca de medio año", denunció.

Finalmente, debido a esta situación, alegó haberse sentido obligada a recurrir a la sanidad privada, "ya que era posible que, para cuando llegara final de año, el especialista, aseguraban los profesionales, no hubiera podido pautar tratamiento porque tal vez ya no hubiera tenido sentido y hubiera podido tener consecuencias negativas".

De hecho, aunque ha acudido a la privada, entiende que no puede resolver su situación de esa manera, pues no puede "estar vigilando un tratamiento cada tres o seis meses" por esta vía.

Debido a sendas situaciones "decidí exigir explicaciones ante distintas instancias". Entre ellas, la gerencia del HUC y la Consejería de Sanidad, sin recibir respuesta. Por su parte, el centro hospitalario aseguró no haber recibido ninguna solicitud. La afectada finalmente ha solicitado la intervención del Diputado del Común, que actualmente se encuentra "pidiendo informes a Sanidad".

"No pretendo ninguna complacencia ni paternalismos por parte de nadie, solo el reconocimiento de unos derechos", exigió, y argumentó que las tardanzas en contestar por parte de la administración "se traducen, a mi entender, en una clara opacidad".