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Acciones penales contra los responsables del recorte del 20% al personal no fijo

Santa Cruz de Tenerife, Europa Press
3/jun/16 12:35 PM
eldia.es
Carmelo Jorge./Ramón de la Rocha (EFE)

El sindicato Comisiones Obreras emprenderá acciones penales contra los responsables individuales del recorte del 20% de la jornada y el salario del sector del personal laboral de la Comunidad Autónoma llevado a cabo en 2013 y que el Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el secretario general de la Confederación Sindical de CCOO-Canarias, Carmelo Jorge Delgado, que estuvo acompañado por los secretarios generales de la Federación de Enseñanza, José Ramón Barroso, y de Servicios a la Ciudadanía, Jaime Mugir.

En sede parlamentaria, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Aarón Afonso, ya ha explicado que el Ejecutivo decidió tomar esta medida atendiendo a "razones objetivas", que, según Afonso, era mantener el empleo en el ámbito de la Administración autonómica y evitar despidos masivos.

En su intervención, Carmelo Jorge Delgado afirmó que esta medida se usó para "lesionar" los derechos de aquellos trabajadores que tenían una relación contractual "más débil y menos estable" con la Administración autonómica y las que tenían unas condiciones laborales y salariales "más precarias" y, por lo tanto, tenían "menos posibilidades de defensa".

Recordó que este proceso se inició cuando una parte de los más de 3.000 afectados por este ajuste tomaron la determinación de recurrirlo judicialmente, lo que derivó en que el Ejecutivo canario optase por presentar un conflicto colectivo ante el Tribunal Superior de Justicia, que fue quien solicitó un pronunciamiento al TC sobre la constitucionalidad de la medida.

El secretario sindical subrayó que en aquel momento el Gobierno de Canarias tuvo sobre la mesa la posibilidad de aplicar este "ahorro en gasto" sobre la totalidad de los empleados públicos de Canarias, unas 100.000 personas, lo que hubiera supuesto un recorte del 0,1% y no del 20% como ocurrió finalmente.

Según Carmelo Jorge Delgado, esta decisión responde a que recortar a todos los empleados públicos suponía para el Ejecutivo "meterse en un jaleo", pues tendría que enfrentarse a un colectivo "con bastante más posibilidades de defensa y de contestación a la medida", de ahí que se optase por reducir el alcance de la misma al personal laboral no fijo.

Hizo hincapié en que Comisiones Obreras ya anunció en su momento que esto "no iba a salir gratis" a quien había tomado esta decisión, pues la consideran "profundamente discriminatoria" y "sin justificación", dado que "meter la mano en el bolsillo de quienes menos tienen" es "moralmente reprobable".

Apuntó, además, que la medida se tomó mediante una disposición adicional que se incorporó a la Ley de Presupuestos mediante una enmienda presentada en "el último minuto" del plazo legal, con lo cual, "se hurta el debate social y parlamentario, y se hace ley para intentar evitar que los trabajadores puedan usar la vía de la defensa jurídica de sus derechos", apostilló.

El dirigente sindical también criticó que desde el Gobierno de Canarias se usara el "discurso del miedo" al decir que si no se aplicaba esta medida, era "imprescindible" proceder al despido de trabajadores en el colectivo de afectados, un argumento que para CCOO supone "una de las prácticas más negras de los sectores más retrógrados de la patronal" y algo "intolerable" cuando se hace desde el poder político.

DELITO "EVIDENTE".

Ésta es la razón por la que el sindicato ha decidido iniciar acciones legales por la vía de la denuncia para que los tribunales sean los que determinen quiénes son los responsables individuales de una medida en la que, según Comisiones, existe un "evidente" delito de lesión a los derechos de los trabajadores, contemplado en el Código Penal, así como un presunto delito de prevaricación.

Si finalmente la Justicia determina que hay responsabilidades penales, la organización sindical opina que quien se vea implicado en este tema debe abandonar la política, pues entiende que es "absolutamente incompatible pisotear los derechos constitucionales de los ciudadanos y seguir ejerciendo la actividad política".

Al tratarse de una Ley aprobada en el Parlamento, los responsables individuales podrían ser cada uno de los diputados que votó a favor. No obstante, Carmelo Jorge precisó que la denuncia de Comisiones Obreras se limita a citar dos nombres, que son los que en aquel momento eran responsables de la Consejería de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, y de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, pues "la medida se propone desde el mismo laboratorio en que se elabora el resto del anteproyecto de presupuestos".

El secretario general de la Federación de Enseñanza, José Ramón Barroso, llegó a comparar el recorte del 20% al personal laboral no fijo con un "crimen premeditado", toda vez que se cogió a un colectivo al que "se le ató de pies y manos" y "se soltó" cuatro meses después, justo cuando el TSJC decidió llevar esta medida al Constitucional, lo que para CCOO demuestra que se trataba de una medida "gratuita".

Jaime Mugir, por su parte, recordó que el Gobierno de Canarias no tuvo en cuenta una carta recibida en mayo de 2012 desde la Secretaria de Estado de la Unión Europea, en la que se advertía que aplicar un recorte de salario y horario a tan solo parte de la plantilla no se ajustaba a la normativa comunitaria.

Si bien desde el Ejecutivo canario insisten en que se tomó atendiendo a "razones objetivas", el sindicato Comisiones Obreras niega la mayor al entender que la razón que se usó para discriminar a una parte de los empleados públicos fue su relación laboral con la Administración.