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Alcaide cree que el Gobierno vulnera de forma sistemática la Ley de Dependencia

En su último informe, el Diputado del Común, Manuel Alcaide, critica la aplicación de la Ley de Dependencia en las Islas, alertando de la vulneración sistemática de los plazos de resolución. En el caso de quienes mueren esperando una respuesta, reprueba que se convierta en "una ventaja" para la Administración.
G. MAESTRE, S/C de Tenerife
14/jun/11 1:12 AM
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La Ley de Dependencia y su aplicación en el Archipiélago ha vuelto a ser uno de los principales caballos de batalla del Diputado del Común, Manuel Alcaide, quien en su último informe al Parlamento ha criticado con dureza el incumplimiento sistemático de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias en lo que a los plazos de reconocimiento de la situación de dependencia se refiere.

"Hemos constatado que se vulnera lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley de Régimen Común que establece que el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución", explica el informe correspondiente al año 2010, antes de detallar que el abundante cuerpo normativo sobre dependencia contempla que "la resolución del reconocimiento de la situación de dependencia deberá dictarse y notificarse a la persona solicitante o a sus representantes legales, en el plazo máximo de tres meses que se computarán a partir de la fecha de entrada de la solicitud en los registros de la administración competente en materia de Servicios Sociales. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse estimada, sin perjuicio de la obligación de la Administración de resolver expresamente".

No obstante, donde el Diputado del Común carga las tintas es en aquellos casos en los que el solicitante fallece tras haber esperado más tiempo del legalmente establecido y sin haber recibido resolución alguna.

"Hay que hacer referencia a la situación de los expedientes en los que se ha producido el fallecimiento de los solicitantes durante el periodo de tramitación de los mismos. En muchos de estos casos se trata de expedientes en los que se ha producido un importante retraso o morosidad administrativa, de la que no puede pretender ventaja la administración, pues de haberse tramitado en plazo las solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia e, igualmente de haberse aprobado y notificado el correspondiente Programa Individual de Atención, el disfrute del derecho subjetivo surgido con la aprobación de la Ley de Dependencia se hubiese hecho efectivo", recoge literalmente el Diputado del Común.

Resarcir por la espera

Así, y pese a que desde el año 2007 el defensor del pueblo canario ha enviado varias recomendaciones a la Dirección General de Servicios Sociales -perteneciente a la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias- acerca de la tramitación de los expedientes de reconocimiento de las prestaciones y servicios previstos dentro de la Ley de Dependencia y sobre el caso concreto de los fallecidos antes de que el trámite concluyera, en este último informe refleja la necesidad de que "el organismo competente de la Consejería debería iniciar las actuaciones necesarias para resolver de oficio la posible responsabilidad patrimonial y el consiguiente resarcimiento al amparo de la ley".

Y es que cerca de tres de cada cuatro casos de los 180 registrados e investigados por el Diputado del Común durante el pasado año, el denominador común de la queja es el retraso de la Administración a la hora de dar una respuesta.

Es destacable que muchos de los ciudadanos que acudieron ante el Diputado del Común aseguraran sentir que "los trámites de dependencia únicamente les habían servido para realizar numerosas gestiones, perder tiempo para que al final se les reconociera el recurso que ya tenían concedido desde hacía años, sin que ello se tradujese en una mejora de su calidad de vida".

Las quejas por dependencia se triplicaron en 2010

Durante el año pasado el Diputado del Común admitió 180 escritos de queja referidas a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Este dato supone un incremente significativo respecto al ejercicio anterior, ya que en 2009 fueron 63 los expedientes. Respecto al motivo de las quejas, el 71% estuvieron relacionadas con los retrasos administrativos que, según comprobó el Comisionado del Parlamento, alcanzan hasta los 32 meses de demora, pese a que los trámites no deberían superar los tres meses. Con cifras como esta el defensor del pueblo canario aprovecha su informe anual al Parlamento para hacer suyas las cifras del Imserso en las que Canarias aparece entre las últimas comunidades autónomas en lo que implantación y aplicación de la Ley de Dependencia. Así, muestra su preocupación por el hecho de que el Archipiélago reúne la cifra más baja en lo que a solicitudes con dictamen se refiere, diez puntos por debajo de la media estatal.