La modificación de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias para imponer restricciones al alquiler vacacional ha despertado el rechazo ya no solo de la asociación mayoritaria de esta actividad en las Islas (Ascav), sino de otros quince colectivos más, entre ellos la patronal hotelera de Las Palmas, que han conformado un frente común para persuadir a los diputados regionales de que paralicen la reforma.

En nombre de esta alianza, la presidenta de Ascav (Asociación Canaria del Alquiler Vacacional), Doris Borrego registró ayer en el Parlamento autonómico una declaración conjunta en la que piden a los grupos políticos con representación en la Cámara que frenen la revisión de la ley. Para la votación en el Pleno se espera solo a que el Consejo Consultivo emita su dictamen, que, de cualquier manera, no es vinculante.

Las asociaciones recuerdan que la modificación de la norma se inició con el objetivo de dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el criterio de la categoría de los establecimientos alojativos para autorizar su construcción, pero entienden que se ha aprovechado para regular in extremis, y "sin consenso social y empresarial", la actividad de las viviendas turísticas. La

"Si sale adelante, será una ley que irá en contra de la ley", advirtió Borrego. En caso de prosperar la iniciativa, adelantó la presidenta de Ascav, las asociaciones tratarán de promover un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC). No obstante, para ello necesitarían del apoyo de al menos cincuenta diputados nacionales o senadores, que son los legitimados -junto al presidente del Gobierno central o el Defensor del Pueblo- para presentar la impugnación.

Los firmantes de la declaración entienden que, en los términos en que está planteada, la ley vulnera las sentencias del Supremo que anularon el núcleo del decreto autonómico e infringe "claramente" las directivas comunitarias en materia de libre prestación de servicios, así como el derecho de propiedad.

La adhesión de la FEHT al manifiesto confirma la división que existe en esta materia entre las dos principales patronales del turismo de Canarias. La de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ashotel, sin llegar a haber dado su visto bueno de forma explícita a la proposición de ley que tramita el Parlamento, se ha mostrado partidaria de una normativa más estricta que regule una actividad que, a su juicio, se caracteriza en la actualidad por el "libertinaje". "La legislación no se cumple", afirmó la pasada semana el presidente de la asociación, Jorge Marichal.

Según Ascav, las diferentes posturas que han adoptado los hoteleros se deben a que la FEHT "ha optado por la libertad y la libre competencia", en tanto que Ashotel lo ha hecho por el "intervencionismo", señaló Doris Borrego.

Además de Ascav y FEHT, entre las 16 entidades que han suscrito la declaración figuran la Federación de Viviendas Turísticas (Fevitur), la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme), la Federación Empresarial de Comercio de Las Palmas (Fedeco), la Federación Empresarial Canaria (FEC), la Asociación de Empresarios Hoteleros de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura (AEH), las asociaciones de empresarios de Adeje y Arona, la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (Acegi) o el Colegio de Administradores de Fincas de Las Palmas.

La presidenta de Ascav negó que el alquiler vacacional sea un factor que explique la escasez de viviendas en el mercado y el encarecimiento del alquiler residencial. Para ello recurrió a un estudio realizado por la firma inAtlas, que cifra en el 2% la incidencia de esta actividad en la subida de los precios en España, mientras que calcula que ha generado un impacto económico de 124.000 millones de euros en los dos últimos años. Por el contrario, la asociación sostiene que las viviendas vacacionales permitirán "democratizar" los beneficios del turismo.