"Si la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias dice que los planes de restauración son válidos según sentencia, impugnaremos y plantearemos una queja ente el Tribunal Supremo (TS)", aseguró el abogado Carlos Álvarez, que representa a la acusación en el caso áridos, por el que están condenados los empresarios titulares de las industrias areneras emplazadas en los barrancos de Güímar.
A la espera de que tres de ellos presenten los avales para restablecer el daño causado o se determine su entrada en prisión, tal y como consta en los autos condenatorios, el letrado explica que "no podemos admitir una condena que obliga a restaurar el orden ecológico perturbado con los planteamientos que aparecen en los planes presentados por los empresarios".
En el caso de Antonio Plasencia, por la sociedad Áridos del Sur (cantera Badajoz), su aval debe ascender a 66.422.000,46 euros y su proyecto de restauración "es una plantación de olivos"; Francisco del Rosario, en representación de Áridos Atlántico S.L. y la cantera El Fregenal (único que no aceptó un acuerdo de condena para evitar la prisión provisionalmente), "vuelve a ser un negocio relacionado con los áridos"; y en el caso de José Enrique Morales, con un aval de 62.936.683,02 euros como representante legal de Hermanos Morales Martín (Badén II), propone "crear una cuenca hidrográfica".
El 28 de enero de 2016, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife condenó a un año y tres meses de prisión, suspendiendo la aplicación de cárcel durante dos años condicionada a que cada uno restaurara la zona que afectó.