Gobierno, grupos parlamentarios y propietarios de viviendas de alquiler se han lanzado a una carrera contra reloj para aprobar, o parar, en el tiempo de descuento de la legislatura la reforma de la ley turística, que incluye medidas de regulación del alquiler vacacional. La introducción de modificaciones sustanciales en el trámite de enmiendas, precisamente para regular esta polémica oferta turística, ha sido la razón que llevó ayer a la Junta de Portavoces de la Cámara regional a posponer su tramitación en un pleno posterior al de esta semana, a la espera de recabar el dictamen del Consejo Consultivo.
Y es que, aunque se haya presentado como una modificación puntual de la Ley de Renovación y Modernización Turística de 2013, para adaptar su artículo más polémico a una sentencia del Tribunal Constitucional, tanto Coalición Canaria como Nueva Canarias han aprovechado que "el Pisuerga pasa por Valladolid", en palabras del empresario Nicolás Villalobos, para introducir también una regulación restrictiva del alquiler vacacional. Aunque uno y otro grupo parlamentario lo hacen por razones distintas: CC para sacar adelante una prohibición vía decreto de las viviendas vacacionales que los tribunales le han tumbado en reiteradas ocasiones; y NC porque sostiene la tesis de que el problema social creado por el incremento de los precios del alquiler es causado, sobre todo, por las viviendas vacacionales. Hasta tal punto que los otros factores que inciden en la distorsión del mercado inmobiliario del alquiler apenas se citan en la exposición de motivos del proyecto de reforma de la ley: "Las rentas de alojamiento turístico distorsionan el mercado de la vivienda de alquiler", sostiene. Y, siguiendo esa lógica, defiende que la función social de la vivienda lleva a que "su destino a un uso diferente a la residencia permanente puede ser limitado en función del interés general de satisfacer el derecho a la vivienda".
El texto legislativo no analiza, sin embargo, ningún otro componente más del problema del mercado inmobiliario que dice querer regular: la ausencia de políticas de vivienda pública (apenas se han construido en los últimos años pisos de protección oficial de promoción pública o privada); el amplio parque de más de 130.000 viviendas vacías existentes en las Islas; la evolución de los precios del alquiler tras su enorme caída por la crisis, o el gap existente entre su incremento en los últimos años y la precariedad de los salarios de los inquilinos.
Quienes apoyan esta reforma (CC, NC, PSOE y ASG) cargan en definitiva sobre una ley sectorial, la turística, un problema mucho más complejo y que trasciende no solo esta ley, sino la propia legislación autonómica. Sólo el PP y Podemos, también por razones diferentes, votarán en contra de esta propuesta de reforma, que previsiblemente se aprobará en el último pleno del mes: el PP por su apuesta por la liberalización de los mercados y Podemos porque entiende que no se puede legislar en contra de las resoluciones de los tribunales en relación a la vivienda vacacional.
Y es que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), o la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), vienen años pronunciándose en contra de la regulación de la oferta vacacional que se está tratando de imponer en Canarias, precisamente por considerar que atenta contra la libre competencia. Y que beneficia claramente a uno de los intereses en liza: los hoteleros frente a los propietarios de las viviendas vacacionales. Aunque en las Islas las dos patronales hoteleras existentes mantienen posturas muy distintas: mientras la Asociación Hotelera y Extrahotelera de la provincia de Tenerife (Ashotel) presiona abiertamente para que se prohíba esta actividad en la medida de lo posible, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (Feht) de Las Palmas apuesta por una regulación, que no prohibición, de las viviendas vacacionales. Es decir, por una legislación que permita a ambas actividades convivir en el mercado, puesto que ambas ofertas son demandadas por los distintos perfiles de visitantes.
El ánimo de legislar en el último tramo de la legislatura en contra de los pronunciamientos de los tribunales ha enardecido, en cualquier caso, tanto los ánimos de los empresarios de la Feht como de los propietarios de viviendas vacacionales integrados en la Ascav (Asociación Canaria de Viviendas de Alquiler): "El Gobierno ha jugado al despiste, diciendo querer pactar el decreto vacacional, mientras ya tenía en el horno la ley", sostiene la presidenta de Ascav, Doris Borrego.
Esta asociación ha lanzado, de hecho, todo una ofensiva para tratar de parar una legislación que, en su opinión, "supone el mayor atentado, con nocturnidad y alevosía, contra los pequeños propietarios de viviendas vacacionales". Y es que el texto introduce sanciones de hasta 300.000 euros para quienes incumplan su articulado, que reproduce algunos preceptos cuestionados por los propios tribunales.
Por su parte, el director general de Hoteles Cordial y vocal de la Feht, Nicolás Villalobos, también ha mostrado "nuestro desasosiego, sorpresa, indignación y rabia" por esta modificación legislativa, a la que califica de "felonía técnica y política". Técnica porque entiende que contiene preceptos anticonstitucionales y política por llevarse a cabo "deprisa y corriendo al final de una legislatura".
Villalobos considera que el Gobierno, y el Parlamento en caso de aprobarse, actúan "en clara rebeldía" y recuerda que los propios tribunales advierten que la intervención de los mercados para limitar la competencia debe ser "mínima, motivada, justificada y proporcionada". Premisas que, en su opinión, no se producen en este caso. Tanto la Ascav como la Feht consideran, en definitiva, que "la clase política canaria está tratando de resolver un problema dando una patada hacia adelante" y no dudan que la norma, de salir adelante, acabará en el Tribunal Constitucional.