La comisión de estudio sobre la situación del transporte en Canarias concluyó ayer sus trabajos -transcurridos dos años desde que se aprobara su creación y nueve meses desde su constitución- con la aprobación unánime de un dictamen que debe ser el primer paso de una futura ley integral del sector en el Archipiélago. Para alcanzar este consenso, los grupos parlamentarios han dejado al margen los aspectos concretos que suscitan más discrepancias y se han centrado en las políticas que creen necesarias para garantizar un sistema sostenible y que potencie el transporte público, garantice la conectividad entre territorios y evite los sobrecostes.

El diputado de Coalición Canaria David Cabrera destacó el "consenso absoluto" con el que el texto será elevado al Pleno de la Cámara autonómica, más allá de las "pequeñas aportaciones formales" realizadas ayer. La diversidad de los asuntos abordados durante los trabajos de la comisión, con la comparecencia de diferentes expertos, ha dado lugar a un informe que "abarca toda la casuística" del sector, según el parlamentario herreño.

En el ámbito del transporte aéreo, el dictamen incluye propuestas en materia de operatividad de los aeropuertos, conexiones o sistemas de control aéreo; en el del transporte marítimo, acerca de nuevas obligaciones de servicio público (OSP) que podrían establecerse en Canarias o relativas a las dificultades del transporte de mercancías; en el terrestre, sobre fomento de los servicios públicos de transporte.

En relación a las posibles nuevas declaraciones de rutas marítimas como obligación de servicio público, el texto hace referencia al establecimiento de una línea que una La Palma, La Gomera y El Hierro, una iniciativa recientemente presentada por el Gobierno canario y el Cabildo herreño.

Aunque las medidas para abaratar los desplazamientos entre islas y con la Península han perdido algo de relevancia tras la aprobación del descuento para residentes del 75%, el dictamen incorpora la necesidad de efectuar un seguimiento de las bonificaciones para evitar las "trampas", apuntó, por su parte, Manuel Marrero, diputado de Podemos.

"Se ha constatado que tenemos que apostar por una ley integral de transporte" -una labor que quedará para la próxima legislatura-, recalcó Marrero. El parlamentario de la formación morada celebró el "amplio consenso" alcanzado, que ha obligado a dejar a un lado cuestiones controvertidas, como la ejecución de los trenes y de nuevos puertos -Agaete y Fonsalía-.

Podemos se muestra muy crítico con el modelo de transporte que ha regido hasta el momento, a su juicio basado en el consumo de suelo para "infraestructuras innecesarias", el uso del vehículo privado y la carencia de planes de movilidad.