El Pleno del Congreso dio ayer luz verde al decreto de universalización de la sanidad, que devuelve la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares en las mismas condiciones que los españoles, sin que tengan necesidad de justificar su residencia.
A falta de la votación, todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, manifestaron su apoyo a la convalidación del Real Decreto-Ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de julio, así como que se tramite como proyecto de Ley, lo que permitirá incorporar las aportaciones de los partidos.
La ministra de Sanidad, Carmen Montón, defendió en la Cámara Baja la urgencia que había para utilizar la fórmula del real decreto-ley, la misma que usó el anterior Gobierno del PP en su reforma sanitaria, que dejó sin tarjeta sanitaria a los sin papeles, que ahora queda parcialmente derogada. La norma, según Montón, representa un "auténtico" cambio de modelo en la asistencia sanitaria en España, ya que la titularidad del derecho a la salud se basa en la condición de ciudadanía y se desliga de la de asegurado o beneficiario. "Para el anterior gobierno era urgente recortar derechos; para el gobierno actual, es urgente recuperarlos", afirmó.