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Las autonomías podrán decidir la carga lectiva de sus docentes

La ministra de Educación, Isabel Celaá, afirma que esta medida entrará en vigor cuando se apruebe el anteproyecto de ley que derogará el Real Decreto Ley 14/2012.
Efe, Madrid
5/sep/18 1:12 AM
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La ministra de Educación y Formación Profesional (FP), Isabel Celaá, propuso ayer que las comunidades autónomas puedan establecer el número de horas lectivas semanales de los docentes, tanto en los centros públicos como concertados.

Lo señaló durante su comparecencia en el Congreso, donde detalló el contenido del borrador del Anteproyecto de ley para la Mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, que busca "restablecer" la situación anterior al decreto de 2012 que provocó los recortes.

En la actualidad, según aprobó el anterior Gobierno del PP, los docentes tienen un mínimo de 25 horas lectivas para Infantil y Primaria y 20 en el resto, recordó Celaá, que consideró que es momento de "dar margen" a las comunidades en este tema.

No obstante, afirmó que los límites de la jornada laboral para los docentes seguirá siendo igual que para el resto de los funcionarios, ya que se habla solo de la "carga lectiva".

El Anteproyecto también establece que las comunidades proveerán los recursos necesarios para garantizar el número máximo de alumnos por aula en Primaria y ESO.

Las medidas de este documento podrán aplicarse una vez aprobada esta ley, aunque se afirma que se podrán anticipar a este curso 2018-19 "si así lo decidieran las Administraciones".

En cuanto a los centros concertados, la ministra reiteró su mensaje de "tranquilidad" a las familias que optan por llevar a sus hijos a dichos centros, aunque insistió en que la educación pública "debe ser el eje vertebrador" del sistema educativo.

"Vuelvo a reiterar el mensaje de total y absoluta tranquilidad" para la escuela concertada, insistió la ministra, que explicó que el anuncio de modificar el artículo 109 de la Lomce, relativo a la red de centros, se debe a "la obligación del poder público de garantizar el derecho a la educación de todos los niños".

Celaá recordó que el PP con la Lomce cambió "incomprensiblemente" y "sin debate previo" la redacción de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación de 1985 (LODE) en cuanto a la red de centros.

"Aún estamos esperando una convincente" explicación de por qué se eliminó de la LODE el párrafo que establecía que el poder público debía garantizar el derecho a la educación, señaló.

La Lomce, además, fijó en el artículo 109.2 que debían ofertarse las plazas "por demanda social", algo que Celaá calificó en otra comparecencia como un "eufemismo" que ha llevado a veces a que se dé más peso a la concertada que a la pública.

La ministra subrayó, asimismo, que confía en iniciar "un proceso de diálogo sincero, constructivo y eficaz con todas las fuerzas políticas" sobre la reforma de varios artículos de la Lomce del Partido Popular.