A través de un programa de actuación sobre el medio urbano (PAMU), recogido en el artículo 307 de la Ley del Suelo y Espacios Protegidos de Canarias, la Gerencia de Urbanismo de la capital pretende que se desarrolle la manzana de Miraflores, tras el contundente rechazo mostrado por el área de Patrimonio del Cabildo al derribo de tres inmuebles de la zona: el ubicado en los números 28 y 30 de la calle Miraflores, el del 9 de la calle Carmen Monteverde y el del 38 de la esquina con Juan Padrón.

Así se lo transmitió ayer a los propietarios de los inmuebles el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, en la segunda reunión que se mantiene en apenas un mes para tratar de buscar una solución a este asunto. Habrá más citas en las próximas semanas.

Los PAMU, según establece el citado artículo de la normativa regional, "podrán delimitar y ordenar las actuaciones sobre el medio urbano, así como modificar las previstas en otros instrumentos de planeamiento urbanístico".

"Los propietarios -el ayuntamiento también lo es de una parcela- tienen unos derechos reconocidos, pueden pedir unas licencias de demolición, pero nos encontraríamos con la judicialización por parte del Cabildo y se paralizaría todo", advirtió Tarife.

Por eso, añadió, "estamos intentando que vean que es posible reordenar la manzana de una manera distinta, manteniendo los elementos que dice la Corporación insular que hay que mantener, generando espacio urbano y sin que pierdan los aprovechamientos urbanísticos que tienen".

Eso sí, para lograr una solución, advirtió el edil, deben llegar a un acuerdo "todos los propietarios". "El ayuntamiento trata de encauzar todas las voluntades porque o llegamos a un consenso o esto se va a judicializar eternamente", sostuvo Tarife. "Y la solución es ejecutar un PAMU", añadió. "La buena noticia es que los dueños parecen estar por la labor de estudiar esta vía".

"Si concedemos licencias y se derriba un inmueble con valores patrimoniales estaríamos hablando de que se pueden abrir otras vías judiciales" -incluso la penal-, reconoció el edil de Urbanismo, quien dio por "roto" el acuerdo sobre patrimonio con el Cabildo de Tenerife, al no aceptar la Corporación insular como válidos los informes elaborados por el Cicop sobre los tres inmuebles mencionados, como sí ocurrió con otras viviendas de la cercana calle Puerta Canseco.

En este sentido, el concejal valoró que desde el ayuntamiento "no han podido hacer más" de lo que han hecho a lo largo de ese mandato para defender el patrimonio del municipio. "Hemos constituido un área que casi no existía y se ha creado el Consejo de Patrimonio Histórico", destacó.

En todo caso, reconoció que en el ayuntamiento no hay expertos en patrimonio histórico y, además, en su momento se hizo "mal" el trabajo del PGO sobre los inmuebles que había que catalogar, en referencia al concejal de esta área en el mandato pasado, José Ángel Martín (PSOE).