El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, no prevé que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pase de declaraciones más o menos "inflamatorias" a cometer alguna ilegalidad y tampoco cree que tenga intención de convocar elecciones a corto plazo.

Sánchez, en una conversación informal con periodistas durante su gira latinoamericana, asumió que los independentistas van a intentar movilizaciones de relevancia en las próximas semanas coincidiendo con fechas clave como la Diada y el aniversario del 1 de octubre. Pero reitera que no cree que eso pueda llevar a Torra a una escalada de actuaciones que traspasen la frontera de la legalidad y que se tenga que llegar a plantear la aplicación de nuevo de artículo 155 de la Constitución.

Sánchez sigue planteando para Cataluña un plan que pasa por lograr la normalización de las relaciones institucionales y seguir manteniendo un escrupuloso respeto del autogobierno, así como por una posible reforma del Estatuto.

El jefe del Ejecutivo pide a los independentistas que reflexionen sobre la situación, sean conscientes de que no tienen la mayoría social en Cataluña y, por tanto, no puede imponer sus tesis ni dejar de contar con los catalanes que no comparten sus postulados.

La ausencia de esa mayoría social considera que se ha venido poniendo de manifiesto elección tras elección y, a su juicio, si hubiera ahora nuevos comicios en Cataluña el resultado seria prácticamente el mismo con alguno pequeño intercambio de escaños.

No ve el presidente del Gobierno que Torra tenga intención de convocar elecciones y, por el contrario, opina que el Govern tiene vocación de permanencia, lo que ratifica su tesis de que no se plantea cometer ilegalidad alguna.

Al mismo tiempo que pide reflexión a los independentistas, cree que los partidos nacionales deben hacer autocrítica y reconocer que, por ejemplo, no debería haberse tardado tanto tiempo en convocar las comisiones bilaterales.

Sánchez insiste en la importancia de convocar próximamente un Consejo de Ministros en Barcelona para evidenciar que el Gobierno se preocupa por los problemas reales de los ciudadanos de toda España y, en ese caso concreto, de los de Cataluña.

La intención es aprobar en ese Consejo decisiones que tengan con ver con asuntos que afectan al día a día de los catalanes, como podrían ser algunas relacionadas con las infraestructuras.

Sánchez se refirió igualmente a la polémica por la defensa en Bruselas del juez Pablo Llarena ante la demanda del expresident Carles Puigdemont e insistió en que se ha ido atendiendo lo que el Consejo General del Poder Judicial ha planteado al Gobierno.

Sí admite que un "exceso de celo" por parte del Ejecutivo para separar cuestiones públicas y privadas haya podido provocar las interpretaciones de que ha habido una rectificación por parte del Gobierno.