El Ministerio de Defensa levantó ayer la suspensión de funciones que pesaba sobre Alfonso Jesús Cabezuelo, el militar y miembro de mayor edad de La Manada, y ordenó su pase al servicio activo, aunque sin destino asignado. Una decisión adoptada por la ministra de Defensa, Margarita Robles.
El Boletín Oficial de Defensa (BOD) publicó en su edición del martes la orden que levanta la suspensión con efectos a partir del 22 de junio, el día que salió de la cárcel donde cumplía prisión provisional, y contra la que cabe recurso de alzada.
Esa reincorporación, que Defensa explica que se produce "de manera automática en aplicación de la ley", supone que el militar recupera la totalidad del sueldo base -del que cobraba el 75% mientras estaba suspendido- sin complementos, indicaron fuentes del Ministerio.
Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de La Manada también se encuentra en situación "activa" en el cuerpo pero sin asignación de destino. Según indicaron a Efe fuentes de la Guardia Civil, Herrero, que intentó recientemente sacarse el pasaporte pese a la prohibición de salir del país, sigue cobrando el sueldo base a la espera de que la sentencia sea firme.
La situación del guardia civil es muy similar a la del militar, ya que ambas instituciones tienen parecidos regímenes disciplinarios, por los que ambos fueron suspendidos de empleo tras su detención
En el caso de la Guardia Civil, desde el momento en el que la sentencia por la agresión sea firme, se abre un procedimiento reglado en el que se estudia la infracción que ha cometido este guardia civil.
Si fuera considerada una falta muy grave, la sanción prevista en el régimen disciplinario va desde la suspensión de empleo de tres meses a seis años, la separación de servicio o la perdida de puesto en el escalafón.
Cabezuelo, que sirve en la Unidad Militar de Emergencias (UME), fue autor de uno de los siete vídeos de abusos sexuales y por su condición de militar cumplió la prisión preventiva en el centro penitenciario militar de Alcalá Meco, en la Comunidad de Madrid.
Como los otros tres miembros de La Manada, tanto Cabezuelo como Herrero están condenado a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento sobre una joven madrileña durante los Sanfermines de 2016.
La decisión del Ministerio de Defensa de levantar la suspensión fue criticada por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien pidió que la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que explique el por qué de esta decisión.
En declaraciones en el Congreso, Rufián pidió a Robles comparecer de manera "urgente" para dar cuenta de la orden del Ministerio de Defensa de pasar al servicio activo pendiente de destino a Cabezuelo. "Es un hecho gravísimo", criticó el diputado catalán.