El Ayuntamiento de El Rosario recibió años atrás una subvención de 420.000 euros para la sustitución de las "cubiertas de fibrocemento" de los colegios públicos. De esa cantidad se acabaron devolviendo en 2011 algo menos de 323.000 euros debido a que, adujeron desde el gobierno socialista de la época, se actuó en todos los centros docentes que contaban con ese tipo de techos, por lo que los fondos restantes no se podían utilizar. Además, el consistorio tuvo que abonar unos 75.000 euros por intereses de demora. En total, casi 400.000 euros reintegrados. Sin embargo, siete años después de aquello, el Partido Socialista (PSOE) llevó al último pleno local la propuesta de un "plan para la retirada de amianto de los edificios públicos", en la que se recoge que aún quedan centros educativos en los que no se ha actuado, y llega a nombrar un caso: el CEIP San Isidro, en El Chorrillo.
Los datos anteriores -sostenidos en documentación municipal a la que ha tenido acceso EL DÍA- fueron aportados en la volcánica sesión plenaria del 7 de junio. En las postrimerías de esta fueron destapadas presuntas ilegalidades en el convenio urbanístico de Costanera y, con ello, el resto se diluyó. Uno de esos puntos que quedaron en un segundo plano fue el relativo a la retirada del amianto, planteado por el concejal José Antonio Estévez, secretario general del PSOE en el municipio y que, a su vez -y al igual que su compañero Álvaro Meneses-, no forma parte del equipo de gobierno, como sí ocurre con otros tres ediles del partido de la rosa.
Concretamente, la moción incorporaba tres peticiones: "Que se haga un censo de las instalaciones que aún cuenten con cubiertas de amianto", "Que se analicen los niveles de toxicidad en las zonas donde se encuentran todas y cada una de las instalaciones" y "Que se estudie, se haga público el coste y se emitan los informes necesarios para elaborar un plan de sustitución de amianto por otros materiales".
Presentada la iniciativa por parte de Estévez, el concejal de Hacienda, Jacinto Correa (IR-Verdes), explicó que le había ofrecido previamente circunscribirla al primer punto, pero que el proponente decidió mantenerlos todos. Y argumentó que no existe riesgo, dado que este llega cuando se manipulan estos techos, así como que el coste de los estudios solicitados es alto.
Más adelante pasó a recordarle la subvención y el reintegro con intereses de demora, y leyó un acta de un pleno de junio de 2012 en el que el interventor señaló que "se ejecutaron todos los colegios públicos que tenían ese tipo de cubiertas, y el resto, como no se podía utilizar para nada, se devolvió". "El interventor dirá esto porque me imagino que ustedes en su día le aportaron un informe como que se había cumplido el trabajo", expresó Jacinto Correa, y el funcionario habilitado nacional comenzó a asentir.
El responsable de Hacienda continuó: "Señor Estévez, ¿por qué no lo hicieron ustedes cuando estaban gobernado?, ¿por qué le devolvieron el dinero a la consejería y no realizaron todas las obras que tenían que hacer?". Le siguió el edil Juan Carlos Martínez (PP), preguntándose por qué el PSOE pide un inventario si se supone que los trabajos los desarrollaron en torno a una planificación, y agregó que la retirada de este tipo de materiales en los colegios está actualmente prevista por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
José Antonio Estévez no negó las acusaciones. Su respuesta fue que el ayuntamiento perdió en este mandato una subvención para ayudas de emergencia social "porque no está al corriente del pago de los seguros sociales". Desde el grupo de gobierno negaron categóricamente ese último extremo, y manifestaron que la ayuda no la recibieron por un descuadre de datos con la Seguridad Social que, pese a demostrar que estaban al día, no se pudo enmendar en plazo. "Usted es un ignorante", le llegó a espetar Correa. La concejala de Asuntos Sociales, María de los Ángeles Rodríguez (de la otra rama del PSOE), tomó la palabra para corroborar las tesis del titular de Hacienda.
En el debate de la moción -finalmente rechazada- también tomaron la palabra el alcalde, Escolástico Gil, y el interventor, que sostuvo que lo que recoge su escrito era lo que planteaba el expediente. "El gobierno me mintió en 2012, y al interventor lo llevaron a la mentira", lamentó Gil, que fue quien en su día preguntó por los pormenores de los fondos perdidos para aquellos trabajos, los mismos sobre los que ahora surgen dudas de en qué medida se realizaron.